República Dominicana: diputados aprueban proyecto regula bancos de datos personales

800px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg_ (1)En República Dominicana, la Cámara de Diputados aprobó este martes de urgencia y en dos lecturas el Proyecto que establece que toda persona tiene derecho a que sus datos personales, incluidos en un banco de datos, sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos.

La iniciativa crea las normas que regulan y protegen los datos personales y ley de Habeas Data. La pieza busca garantizar que no se lesione el derecho al honor y a la intimidad de las personas, facilitar el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo que establece el artículo 44 de la Constitución.

La comisión de Justicia de la Cámara Baja de este país unificó dos proyectos de los que fue apoderado; uno del senador Félix Bautista y el otro del diputado Demóstenes Martínez, que persiguen proteger los datos de los ciudadanos.

El presidente de la Cámara, Abel Martínez Durán, resaltó la importancia de la iniciativa, precisando que aprobándola se cumple con un mandato de la Carta Magna, promulgada en el 2010.

La norma busca la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. Leer más de esta entrada

Se aprobó el proyecto de ley de protección de datos de República Dominicana

mapa-banderaRepDominicanaObservatorio Iberoamericano de Protección de Datos – Según se hacían eco diferentes medios de comunicación, el Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal, de la autoría del representante por la provincia San Juan de la Maguana, Félix Bautista.

La Constitución de la República Dominicana de 2010 establece en su artículo 44, bajo el epígrafe “Derecho a la intimidad y el honor personal” que, “toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor,  al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está  obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto: (…) 2. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la  ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá  hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y  finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización,  oposición al tratamiento, rectificación  o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos (…)”. por la presente ley y los reglamentos que se dicten en desarrollo de la misma. Los archivos de datos personales no pueden tener finalidades contrarias a las leyes y/o al orden público.

Conforme a la citada norma la formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente registrados, observando en su operación los principios que se establecen

El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá, conforme al texto aprobado, el consentimiento libre, informado e inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. El consentimiento deberá constar, ya por escrito, ya por otro medio que permita evidenciar el mismo, de acuerdo a las circunstancias y el canal de comunicación.

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En República Dominicana buscan regular por ley el manejo de los datos personales

La desprotección de la ciudadanía frente a las entidades de información crediticia, provocó que el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), apoyado por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID), elaborara un anteproyecto de ley de Protección de Datos Personales y Clasificación de la Información.

La iniciativa pretende regular y modificar lo establecido en la legislación 288-05 sobre los burós de información crediticia (BIC) y en otras legislaciones sobre la materia, como la de Libre Acceso a la Información Pública.

Entregado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a finales del 2011, fue enviado por esta a comisión de estudio para su armonización con otras normas vigentes, pero hasta el momento no ha cristalizado por la oposición de los ejecutivos de los burós, que nunca han participado en las discusiones sostenidas para consensuar las opiniones de todos los actores.

Lilia Fernández, consultora de CONARE, y quien trabaja en el seguimiento a la pieza legislativa, explica que entre sus principales aportes se encuentra “la clasificación de los datos personales, que distingue datos personales de carácter público, los de carácter privado y los sensibles”.

La consultora apunta que la propuesta incluye  normas relativas a los principios básicos reconocidos internacionalmente, tales como los de calidad, legalidad, lealtad, transparencia, proporcionalidad,  responsabilidad y  finalidad, entre otros.

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