Una rectificación saludable

El día 6 de setiembre, publicado en el Boletín Oficial el día 9 del mismo mes, el Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Guillermo Montenegro, emitió la Resolución N° 672/MJYSGC/11 instruyendo a las empresas de seguridad privada que se abstengan de instalar cámaras de videovigilancia en el interior de establecimientos educativos y/o cualquier otro donde pudieren resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad de niños, niñas y adolescentes.

Si bien la citada norma es el resultado inmediato de la audiencia llevada a cabo en el fuero contencioso-administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a un amparo presentado por un grupo de padres es de resaltar el ejercicio de reconsideración por parte del doctor Montenegro que, previo a esto, había demostrado la voluntad de avenirse en relación a recomendaciones formuladas por este Centro, en el marco de reuniones llevadas a cabo a instancias de la Defensora del Pueblo, y en las que también participaran el Área de Educación y la Oficina de Seguridad Urbana de nuestro organismo.

En efecto, ni bien conocidas las características del la licitación efectuada así como la implementación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica adjudicado por Decreto Nº 216/11, se comenzó con una tarea de sistematización de todos aquellos aspectos que, desde los distintos saberes existentes en la Defensoría del Pueblo, entendíamos debían ser revisados, aclarados o profundizados.

En ese contexto se produjeron reuniones de trabajo tanto con la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes así como con el titular de la Sindicatura General de la Ciudad en la que se consensuaron protocolos de intervención así como las limitaciones que el citado sistema debía prever.

Estas recomendaciones efectuadas desde la Defensoría el Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvieron una favorable recepción por parte de los diferentes funcionarios del Gobierno de la Ciudad, de los que la Resolución citada al comienzo es una demostración acabada de la razonabilidad de los planteos y reservas efectuados.

Por Eduardo Peduto, Director del Centro de Protección de Datos Personales (www.cpdp.gob.ar)

Para acceder a la resolución haga click a continuación: Resolución : 672/MJYSGC/11

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