México y Uruguay aspiran a integrar el Convenio europeo de protección datos

México y Uruguay han expresado su interés en ser estados-parte del Convenio europeo de protección de datos, primer instrumento internacional para proteger a las personas contra los abusos del tratamiento automatizado de datos personales, en vigor desde 1985.

El Consejo de Europa informó este 2 de diciembre que Uruguay ya ha iniciado los trámites para convertirse en el primer país no europeo que ratifique el citado convenio, y aunque todavía no hay fecha para ello, su nombre ya aparece en el listado digital de países que han firmado o ratificado el texto.

En cuanto a México, la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, explicó que, tras la aprobación en 2010 de la Ley de Protección de Datos Personales, “el siguiente paso es el convenio”.

La Constitución mexicana considera desde 2009 la protección de datos personales como un derecho fundamental, y según Peschard, el IFAI tendrá terminado en 2012 el reglamento con “la regulación secundaria”, los procedimientos para la protección de datos y el ejercicio de derechos.

Aparte de ello, México organizó este año la Conferencia internacional de comisionados de privacidad, clave, según la responsable de IFAI, para presentar el tema en un país donde tradicionalmente ha habido “una invasión del estado en la vida privada”.

Para la comisionada, si México fuera Estado parte de ese convenio no solo estaría en contacto con los grandes debates y al tanto de los grandes retos, sino que elevaría el nivel de exigencia para el cumplimiento de la Ley de protección de datos.

Así lo afirmó durante la reunión del comité consultivo del convenio, que se inició esta semana en Estrasburgo y que concluye hoy, y en la que ella participa en calidad de presidenta de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es observadora ante el convenio.

En ese encuentro se busca avanzar en el proceso de modernización de ese tratado, que concluirá a finales de 2012 y con el que busca adecuarse a los cambios informáticos registrados en los últimos 15 años, ser compatible con las regulaciones de la Unión Europea, y continuar siendo un referente internacional.

Fuente: EFE – Enlace

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