España: varias denuncias contra la base de datos de la Guardia Civil

En España,  la Unión de Guardias Civiles, sindicato que agrupa a unos 7.500 agentes del cuerpo, denunció la situación en Navarra donde, dicen, se les está pidiendo “que identifiquen al mayor número de personas posible” no sólo con su nombre, sino con datos como el número de teléfono celular o los lugares de donde procedían y a donde se dirigían en el momento de su identificación.

Estos datos se archivan en el sistema denominado SIGO . “Y si la información se ha recabado en un control antiterrorista o antidrogas, la persona identificada pasa a tener antecedentes policiales vinculados a drogas o terrorismo”, asegura Manuel Mato, presidente del sindicato.

“Y eso es ilegal”, asegura Mato. Se basa en la Ley de Protección de Datos Personales, que al respecto establece: “La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto”. Leer más de esta entrada

La CHA se opone a preguntas sobre datos sensibles al momento de donar sangre

La Comunidad Homosexual Argentina  (CHA) solicitó ante las comisiones de Legislación General y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación la modificación de la Ley de Sangre N°22.990. En la actualidad la legislación nacional obliga a la realización de una entrevista previa a la donación de sangre que inhabilita a donar a aquellos hombres que han tenido contacto sexual con otro hombre en los últimos 12 meses.

El reclamo va en línea con lo presentado por la entidad ante el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo del año pasado. Dicho reclamo finalizó con una recomendación favorable para la CHA.

El caso fue abordado en el marco de la Ley 1845 de Protección de Datos Personales de CABA. El artículo 3 de dicha norma prohibe indagar sobre aquellos datos personales considerados sensibles, es decir, los que revelen “origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual o cualquier otro dato que pueda producir, por su naturaleza o su contexto, algún trato discriminatorio al titular de los datos.”

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