En República Dominicana buscan regular por ley el manejo de los datos personales

La desprotección de la ciudadanía frente a las entidades de información crediticia, provocó que el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), apoyado por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID), elaborara un anteproyecto de ley de Protección de Datos Personales y Clasificación de la Información.

La iniciativa pretende regular y modificar lo establecido en la legislación 288-05 sobre los burós de información crediticia (BIC) y en otras legislaciones sobre la materia, como la de Libre Acceso a la Información Pública.

Entregado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a finales del 2011, fue enviado por esta a comisión de estudio para su armonización con otras normas vigentes, pero hasta el momento no ha cristalizado por la oposición de los ejecutivos de los burós, que nunca han participado en las discusiones sostenidas para consensuar las opiniones de todos los actores.

Lilia Fernández, consultora de CONARE, y quien trabaja en el seguimiento a la pieza legislativa, explica que entre sus principales aportes se encuentra “la clasificación de los datos personales, que distingue datos personales de carácter público, los de carácter privado y los sensibles”.

La consultora apunta que la propuesta incluye  normas relativas a los principios básicos reconocidos internacionalmente, tales como los de calidad, legalidad, lealtad, transparencia, proporcionalidad,  responsabilidad y  finalidad, entre otros.

El anteproyecto fue enviado a organizaciones de la sociedad civil y a los responsables de acceso a la información pública, en Santiago y en el Distrito Nacional.

Asimismo, la iniciativa define cuándo es legítima la recopilación de datos, las limitaciones de su uso y la  prohibición a  los funcionarios públicos y personas que reciben asistencia del Estado de oponerse a la divulgación de datos personales que permitan su identificación y la determinación de los beneficios recibidos. Parejamente, “prohíbe de manera expresa la comercialización de datos, en tanto regula los derechos de los titulares de datos personales”.

Para hacer las normas operativas, el anteproyecto manda  la creación de un órgano regulador a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IDAIP), y propone imponer multas de hasta 10 mil salarios mínimos a quienes contravengan la disposición.

Puntualiza que la propuesta “crea en cada institución de manera obligatoria, una comisión de clasificación de información, y regula además, la forma y condición para proceder a la clasificación de información, a fin de establecer los parámetros para determinar las causales de clasificación de información establecidas en la Ley  200-04 de Telecomunicaciones”.

Principios elementales del anteproyecto

Laura Acosta Lora, autora del anteproyecto, precisa las consideraciones a que refiere la consultora de CONARE, al explicar que los datos sensibles son, en este caso, los que afectan la esfera más íntima del interesado y cuya  utilización indebida puede dar origen a discriminación ilegal o arbitraria o conllevar un riesgo grave para él; los datos personales son los que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, las opiniones políticas o convicciones religiosas o filosóficas, así como los datos relativos a la salud o a la sexualidad.

Agrega Acosta que la legislación nacional puede ampliar esta categorización y establecer las garantías de preservación de los derechos de los interesados, fijando condiciones adicionales para el tratamiento de los datos considerados sensibles. Todos estos aspectos están contenidos en el anteproyecto que no ha podido ser sometido aún al Congreso.

La propuesta –añade la redactora—tiene como base una serie de principios internacionales, adoptados por convenios y acuerdos, como el de lealtad y legalidad, que obliga al tratamiento leal de la información personal que se maneja, al respeto a la ley y los derechos y libertades de la persona, además de limitarse al cumplimiento inequívoco de finalidades expresas y legítimas.

Al anterior se añaden los principios de proporcionalidad según el cual la recopilación de datos debe limitarse a las finalidades descritas en el principio de lealtad y legalidad; de calidad, que manda que los datos sean “exactos, completos y actualizados” y sean conservados solo por el tiempo mínimo necesario; y el de transparencia, según el cual los “responsables del manejo de datos personales deberán contar con políticas transparentes relativas a los tratamientos que les otorgan”.

Finalmente, Acosta toca lo inherente al principio de responsabilidad, que determina las medidas que deberá adoptar toda persona que maneje datos personales sensibles.

Todo anterior, añade, corresponde a lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución sobre el “Derecho a la intimidad y el honor personal”: (…) toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”.

Basada en esta norma constitucional, Acosta afirma que, distinto a como ocurre en la actualidad, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre ellos o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, y conocer el destino y el uso que  se haga de ellos, con las limitaciones fijadas por la ley.

Anteproyecto es claro en derechos del interesado

Dadas las violaciones de la ley 288.05, la propuesta de modificación es clara en cuanto a los derechos ciudadanos: destaca el acceso del interesado a los datos que le conciernan, por lo que podrá recabarlos de la persona responsable de su manejo y ser informado sobre el origen de estos.

Igualmente, lo subraya Acosta, el ciudadano tendrá derecho a solicitar la “rectificación o cancelación” de los datos de carácter personal que pudieran resultar incompletos, inexactos, innecesarios o excesivos;  por tanto, el derecho de oposición también será una herramienta disponible para el tratamiento de sus datos personales.

Nota de Ivonne Ferreras para 7dias.com.do – enlace

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Acerca de Inés Tornabene
Inés Tornabene www.inestornabene.com

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