El caso de video erótico de la consejal española #erótico #olvido #privacidad

Un video erótico volvió a poner en boga la relación entre  privacidad,  política y  nuevas tecnologías. El pasado jueves, el video íntimo de la consejal española Olvido Hormigos se propagó rápidamente por la web y, por supuesto, por la localidad toledana de Los Yébenes. Estos hechos llevaron a la consejal socialista a renunciar a su banca. Sin embargo, la ola de apoyos recibidos por diferentes personas fue tan grande que cambio de opinión y declaró que ” no ha hecho nada malo”.

Ante medios de la localidad Hormigos ha manifestado que ha dado marcha atrás: “En un primer momento, es un vídeo que está grabado en mi casa, íntimo que yo no quería que se difundiera y no he cometido ningún delito, pero éste es un pueblo muy pequeño, Los Yébenes”.

El video que muestra a Hormigos masturbándose fue grabado por ella misma y según manifestó estaba destinado a su marido. Esto lleva a preguntarse cómo se difundió el material que llegó a páginas pornográficas y a las redes sociales. La concejal no tiene una explicación clara sobre lo que ocurrió pero asevera que la Guardia Civil le comentó que había sido por WhatsApp. “Me dijeron que es muy difícil [de averiguar] porque no queda registrado en ningún servidor”, aseveró.

Al respecto, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Orgaz de Toledo, ha imputado a “una persona” por un presunto delito “contra la intimidad” en relación con la difusión del vídeo íntimo.

Desde medios españoles aseguran que fuentes judiciales han informado que el juzgado de Orgaz ha abierto una causa previa por los presuntos delitos contra la intimidad, injurias y vejaciones, tras la denuncia presentada por la concejal el pasado 13 de agosto ante la Guardia Civil.

El abogado español Carlos Sánchez Almeida señala que la legislación española establece a la sexualidad como parte sustancial de la esfera íntima de las personas.  La vigente normativa de protección de datos personales considera como “especialmente protegidos los datos que revelen la vida sexual, protección que se refuerza mediante la tipificación como delito contra la intimidad de cualquier difusión de dichos datos sin el consentimiento de las personas afectadas”.

Asimismo argumenta que, con respecto a la difusión del video, el artículo 197.4 del Código Penal del país considera “delictiva la conducta de quienes difunden, revelan o ceden a terceros datos personales especialmente protegidos, incluso en el supuesto de no haber tomado parte en su descubrimiento”. Esto significa que puede haber una condena no únicamente contra aquella persona que publicó en primer lugar el vídeo en la red, sino que esta puede involucrar también a todos aquellos que hayan contribuido a expandir el contenido ilícito multiplicando el daño a la intimidad de la víctima.

Cabe destacar también la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico que otorga competencias al poder judicial para ordenar la retirada o bloqueo del vídeo ilícito. “El juez instructor del caso puede acordar como medida cautelar el secuestro de todo tipo de publicaciones en la red, e incluso que los proveedores de acceso impidan el acceso a los servidores donde estén alojadas, incluso en el supuesto de encontrarse en el extranjero” remarca en su artículo Sánchez Almeida.

En lo que concierne a los daños personales, el abogado señala que la Agencia de Protección de Datos puede imponer una sanción y ordenar el retiro de contenidos pero no tiene la competencia de fijar una indemnización la cual sólo puede solicitarse por vía judicial.

La trascendencia a nivel mundial del caso tiene que ver con la creciente difusión de este tipo de videos e invita a seguir pensando la relación entre lo intimo y las nuevas tecnologías y,  porque no, también sobre las normativas vigentes en cada país en materia de protección de datos personales.

Fuentes consultadas: Diario y Blog de El Mundo, España – Enlace

 

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