Media sanción en diputados para la modificación de cuestionarios de donación de sangre

En agosto de 2011, la Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aries, a partir de una actuación iniciada por la la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) ante el Centro de Protección de Datos Personales Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recomendó al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad la modificación de la entrevista de predonación de sangre utilizado por los hospitales públicos de la Ciudad procurando evitar sesgos discriminatorios.

En efecto el caso tramitó por la actuación nro. 2556/11 y finalizó con la Resolución es la nro. 2094/11 (que se encuentra disponible en www.cpdp.gob.ar). En ella la CHA solicitó se analicen algunos aspectos de la entrevista de predonación de sangre utilizada por los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada a partir de la obligación que surge de la ley nacional de sangre, Ley 22.990, y la Resolución nº 865/2006 del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, por considerarlos discriminatorios e inconducente. En línea con esto, el Centro  de Protección de Datos Personales consideró que información requerida violaba los datos sensibles definidos por la ley local como aquellos “datos personales que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual o cualquier otro dato que pueda producir, por su naturaleza o su contexto, algún trato discriminatorio al titular de los datos.” y que el Gobierno local tenía competencia en el marco de la ley local de sangre para realizar tales modificaciones. Leer más de esta entrada

Media sanción en diputados para la ley de ciberbullying

La Cámara de Diputados aprobó anoche un proyecto para tratar la violencia escolar mediante “la promoción de instancias de participación de la comunidad educativa en todos los niveles de enseñanza y sin poner el foco en los niños como sujeto aislado del problema”.

La iniciativa apunta a fortalecer a las escuelas, docentes y equipos especializados para intervenir ante situaciones de violencia.
Entre otros puntos, dice que cada escuela tendrá que elaborar sus propios acuerdos de convivencia y que habrá sanciones a los alumnos, pero que no se los podrá expulsar o trasladar a otra escuela.

“Cuando se generan situaciones de violencia en una escuela, los conflictos no son únicamente de un alumno -al que se lo suele catalogar como el “chico-problema”-, ni responsabilidad de un solo docente, sino de todos los miembros que integran esa comunidad educativa”, aseguró la diputada del Frente para la Victoria Mara Brawer, impulsora del proyecto.

Fuente: Clarín – enlace