La protección de la intimidad en los casos de aborto no punible

Hace pocos días la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recomendó a un hospital público de la Ciudad se garantice la protección de los datos sensibles de los/as pacientes así como la realización de las prácticas médicas en los casos encuadrados en el art. 86 del Código Penal de la Nación. El caso, llevado en conjunto entre el Área de Salud y el Centro de Protección de Datos Personales de la Institución, desnuda dos problemas de entidad que están relacionados: la protección de la intimidad y el acceso a prácticas medicas.

Siguiendo ese eje fue que en octubre del año pasado se dio inicio de oficio a la Actuación N°4685/12 con el objeto de analizar los hechos de la difusión pública de información de una paciente, víctima de trata de personas, que debía someterse a un aborto no punible en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”. En este punto vale destacar que las declaraciones públicas, en principio, sólo refirieron la edad de la víctima, la práctica médica y el hospital pero ello fue suficiente para permitir identificar a la paciente e interrumpir el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Así pues el caso fue abordado en los términos del articulo 3 de la ley de protección de datos personales N° 1845 que los define como toda información: “referida a personas físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables”. La cuestión también se analizó tomando como eje la figura de los datos sensibles dado que toda información referente a la salud en considerada tal, y la obligación de guardar secreto médico.

En un primer acercamiento a los hechos se constató que los datos personales de la paciente no fueron protegidos por lo que, no sólo se vió interrumpida la práctica médica sino que también la paciente sufrió persecuciones tanto en su vivienda como en el mismo hospital. Nuevamente, aunque no se divulgó el nombre de la víctima, es claro que hubo una violación a su intimidad y, también, a su derecho a la salud, pues la misma fue perfectamente identificable. En efecto, ante el conocimiento público una organización no gubernamental denominada Pro Vida planteó una acción de amparo por la que los Tribunales que dispuso la suspensión de la práctica médica. De esta forma la paciente sólo pudo acceder a un aborto legal luego de atravesar un proceso judicial, haber sido difundida su privacidad y debatida su decisión personal. En esa oportunidad el Centro envió al Hospital General de Agudos “José Ramos Mejía”(2) un oficio recordándole la necesidad y la obligación legal de guardar estricta reserva respecto de las prácticas médicas para garantizar su realización en concordancia con lo establecido por la ley de protección de datos personales y la obligación de que los establecimientos sanitarios de la Ciudad y los profesionales que trabajan en ellos deben respetar los principios del secreto profesional para evitar una intromisión ilegítima de la esfera de la intimidad. A su vez la Ley Básica de Salud N°153 otorga esa garantía. En su artículo 4 inciso C, establece la obligación de guardar intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con todo proceso de salud-enfermedad. Asimismo el régimen legal de ejercicio de la medicina y disposiciones del Código Penal de la Nación establecen análoga obligación.

Por todo esto, en la resolución final N° 950/13 se enfatiza que “la garantía de protección y cuidado de la información sobre la salud y privacidad pesa sobre el Hospital desde donde se debe poner el esfuerzo para lograr los recursos materiales y culturales para proteger a las pacientes. Por tal razón es esa Institución que en pos de preservar la vida privada de la damnificada, a la que está obligada, debe garantizar la reserva, guardar discreción y no divulgar información personal” y también que “No se puede ignorar que la vulneración de datos sensibles de este tipo se inscribe en el marco de una cuestión sanitaria que, en la Argentina, sigue produciendo muertes evitables: las causadas por materias sépticas como consecuencia de la realización de abortos clandestinos”. Además, ante los argumentos expuestos a lo largo de la resolución y teniendo en cuenta la importancia del secreto médico en el tratamiento de datos considerados sensibles, se concluye que: “la protección de la privacidad de parte de los funcionarios constituye una garantía fundamental que debe cumplirse rigurosamente. Los actores del sistema de salud y funcionarios públicos deben trabajar en pos de asegurar el cumplimiento de este derecho básico para evitar intromisiones arbitrarias en la vida de las personas. En igual sentido deberán garantizare las prácticas médicas de conformidad con la normativa vigente”.

En la misma dirección y en concordancia con el planteo global, las actuaciones administrativas realizan un acercamiento a la situación de las mujeres y el aborto en Argentina y a la necesidad de abordar el tema multudisciplinariamente. En primer lugar, se hace referencia a que si bien en nuestro país la práctica del aborto aún es un delito bajo ciertas circunstancias se permite su realización sin sanción penal. En efecto son los casos del articulo 86 del Código Penal de la Nación donde la práctica busca evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o en casos donde el embarazo provenga de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Asimismo, se destaca que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un protocolo de atención para los supuestos de abortos no punibles dictado en el año 2012 que establece un procedimiento que deben seguir los hospitales públicos de la Ciudad. Vale destacar que dicho protocolo fue puesto en cuestión judicialmente por solicitar requisitos gravosos que normas de orden superior no prevén, limitando en consecuencia el acceso a la practica del aborto en los términos del articulo 86 del Código Penal de la Nación. Fue por todo ello que uno de los puntos resolutivos de la Defensoría se refiere a la garantía de las prácticas médicas en el marco del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en marzo del año pasado, confirmó que las víctimas de violación pueden practicarse abortos sin intervención judicial.

Finalmente la resolución de la Defensora solicita a la ministra de Salud de la Ciudad que dé a conocer la postura de la Defensoría a todos los Centros de Salud y Atención Comunitaria y a los hospitales de la Ciudad. En la resolución también se definió la importancia de remitir copias de la misma a la comisiones legislativas de Salud y de la Mujer, como también al Juzgado NacionalCorreccional Nº 7 donde tramita la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de el Jefe de Gobierno porteño Ing. Mauricio Macri. Queda claro, entonces, que la protección de los datos personales protege la dignidad de las personas. Por eso, resulta primordial el tratamiento adecuado de los datos sensibles y el respeto de la confidencialidad, ello es fundamental en todos y cada uno de los ámbitos en que se trabaje con este tipo de información: sean escuelas, centro deportivos u hospitales dado que hace al respecto integral de la persona.

Por María Julia Giorgelli y Agustina Callegari, abogada y lic. en Comunicación del CPDP, respectivamente.

 Nota al pie:

(1)Cabe mencionar por oportuno, que el Centro de Protección de Datos Personales llevó adelante otra actuación respecto de violación de secretos de parte del mismo hospital. A raíz de ello se emitió la resolución N° 625/13 en la que recientemente se recibió una respuesta por parte de las autoridades del establecimiento médico, en las que se hace hincapié en que se arbitrarán las medidas necesarias para capacitar al personal, sea cual fuere la jerarquía en materia de protección de datos personales. Este hecho, sin duda es un avance significativo en la efectiva protección de la privacidad y la intimidad de las personas.

Se puede acceder a la Resolución N°950/13 a través del siguiente link

También a la Resolución N°624/13 acá

 En el link http://www.cpdp.gob.ar/images/articuloscpdp/guia_salud.pdf existe una publicación realizada por el Centro que está específicamente referida a la protección de la intimidad en materia de salud.

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Acerca de Dirección de Protección de Datos Personales
La Defensoría del Pueblo, por ley 1845, ha sido designado órgano de control del asiento, uso y difusión de las bases de datos personales del sector público de la Ciudad de Buenos Aires garantizando el derecho al honor, la intimidad y la autodeterminación informativa. Con el objeto de cumplir con las funciones asignadas, la Defensoría del Pueblo ha creado el Centro de Protección de Datos Personales. Toda persona que presuma o tenga la certeza de que sus datos figuran en alguno de los bancos de datos personales puede ejercer su derecho de información, acceso, rectificación, actualización o supresión. Estamos en Piedras 574, 5º piso, C.A.B.A., teléfono 54-11-4338-4900, int. 7451 / 7452. Mail: cpdp@defensoria.org.ar, sitio web: www.cpdp.gov.ar

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