España apoya el Reglamento europeo de protección de datos

El ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón, defendió el pasado jueves la propuesta de Reglamento europeo de protección de datos que pretende incrementar la protección de datos personales en internet, durante la reunión de ministros de Justicia de la UE en la que Reino Unido lideró una ofensiva -apoyada por Alemania, Holanda o Francia- con el fin de descafeinar la nueva normativa propuesta por Bruselas.

Gallardón aseguró que la reforma “contribuirá a proteger de forma más eficiente la privacidad de nuestra ciudadanía y a fortalecer el mercado único” aunque también abogó por buscar la fórmula más adecuada para que este proyecto “no suponga una carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas que dificulte su correcto desarrollo y crecimiento”, algo que critican países como el Reino Unido. Chris Grayling, secretario de Estado de Justicia británico, rechazó expresamente la propuesta de compromiso de la presidencia irlandesa alegando que la nueva norma “impondrá cargas adicionales significativas a las empresas, lo que se traducirá en una pérdida de competitividad a escala mundial”.

La actitud de los países más críticos enfureció a la vicepresidenta de la Comsión y responsable de Justicia, Viviane Reding, quien aseguró que “hay algunos colegas a los que no les gusta que se pongan en práctica los derechos de los ciudadanos” y atacó la petición de algunos países de tomarse más tiempo para negociar, alegando que la norma ya lleva negociándose 18 meses mientras que las reglas para retener datos sobre los ciudadanos para combatir delitos graves se aprobaron en seis meses.

Por su parte,Reino Unido, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Hungría, Suecia y Eslovenia mantienen su oposición a que las nuevas normas de protección de datos se plasmen en un reglamento de directa aplicación en toda la UE y reclaman en su lugar una directiva que permita a los Estados miembros más flexibilidad.

El objeto final de este reglamento es unificar criterios y establecer un marco normativo único que compagine unos principios fundamentales que garanticen una alta protección de los datos personales en todo el territorio de la UE con unas condiciones de seguridad homogéneas para su libre circulación. Por su parte, el Reglamento también pretende mejorar los estándares de transparencia para el acceso público a documentos oficiales y establecer modelos de seguridad que tipifican las diferentes categorías de riesgos. También prevé un mecanismo de flexibilidad que permita adaptar la regulación a la complejidad del sector público. En este paquete legislativo se integra la propuesta de Directiva sobre protección de datos personales en el ámbito de la cooperación judicial y penal.

Lucha contra el fraude

Durante la reunión de trabajo, los ministros también han estudiaron la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a la protección de los intereses financieros de la UE por medio del Derecho penal, con el objetivo de tipificar y sancionar los delitos cometidos contra los ‘activos’ y fondos de la UE, así como regular detalladamente los plazos de prescripción de las penas y la ejecución de las mismas.

Asimismo, los responsables de Justicia europeos abordaron las conclusiones sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho y sobre el informe de la Comisión referido a la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2012, uno de los ejes principales de trabajo durante la actual presidencia irlandesa de la UE. En el documento se destaca la necesidad de dar prioridad a la observancia de la Carta de Derechos Fundamentales tanto a nivel comunitario como nacional, incluyendo los procesos legislativos, y se establece un mecanismo de debate y seguimiento anual de la aplicación de la misma. Se insiste también en que el respeto al Estado de Derecho es un prerrequisito básico para la adecuada protección de los derechos fundamentales y se plantea un debate sobre la necesidad de desarrollar nuevos métodos e iniciativas para proteger mejor los valores fundamentales de la Unión recogidos en el artículo 2 del Tratado, en particular los Derechos Fundamentales y el Estado de Derecho.

Fuente: Diario Jurídico – enlace

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Acerca de Inés Tornabene
Inés Tornabene www.inestornabene.com

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