Relaciones especulares entre la ficción y la realidad

Por Eduardo Peduto. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido pensadores, novelistas o científicos que se anticiparon en mucho a descubrimientos, innovaciones tecnológicas o cosmovisiones que tan sólo se producirían mucho después de que ellos las postularan. Me vienen a la memoria, haciendo la salvedad de que toda memoria es selectiva, algunos nombres: Aristarco de Samos (griego que allá por el 300 AC planteaba la redondez de la Tierra así como que ésta no era el centro del Universo sino tan sólo un aspecto); Leonardo da Vinci y sus máquinas voladoras o el telar mecánico; Julio Verne y su submarino; y, finalmente, George Orwell que allá por 1948 escribió su novela de ficción El último hombre de Europa que todos conocemos en realidad como 1984 (nombre que eligieron sus editores por razones comerciales y que resulta de la inversión del año en que fue escrito y en el que Orwell sitúa la acción). Orwell plantea la existencia de un Estado imaginario (cuya cabecera se sitúa en Londres) omnipotente y omnipresente que controla todos y cada uno de los pasos de los ciudadanos al punto que, inclusive en las calles y casas, hay dispositivos de vigilancia para conocer todos los actos de cada individuo (“telepantallas”).

Bien, estamos asistiendo a varios de los aspectos que “fantaseaba” Orwell en su novela. Ya las revelaciones que efectuara Julián Assange sobre documentos secretos de la diplomacia de los EEUU basándose en información que le proporcionara Bradley Manning (analista de inteligencia del Ejército de los EEUU) habían constituido un severo alerta sobre los métodos y procedimientos aplicados en varios países del orbe por dicha potencia.

En ese contexto, no resulta extraña la denuncia efectuada por el ciudadano estadounidense Edward Snowden de la existencia de un programa secreto conocido como PRISM, que permite a la Agencia Nacional de Seguridad de los EEUU ingresar directamente en los servidores de nueve de las mayores empresas de Internet estadounidenses, como Google, Facebook, Microsoft o Apple, para espiar contactos en el extranjero de sospechosos de terrorismo o interceptar y leer y ver los millones de correos electrónico, vídeos, chat de voz, fotos, direcciones IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencia de archivos o detalles sobre perfiles en redes sociales que se producen diariamente en el mundo.

Los que desempeñamos funciones estatales en materia de protección de datos personales -cuyo fundamento es el respeto absoluto a la privacidad e intimidad de toda persona- no podemos menos que observar una seria preocupación frente a una acción estatal de esta naturaleza. Es una cuestión que no admite eufemismo alguno: se trata de la violación absoluta de derechos humanos elementales. El ritmo vertiginoso de las Tecnologías de Información y Comunicación, las posibilidades de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo, la posibilidad de ver a alguien querido en forma inmediata pese a que se halle a miles de kilómetros, es probable que, quizás por la fascinación que produce, nos haga olvidar de los derechos de que gozamos, permitamos que se los banalice o, peor aún, que en aras del progreso y amparados en la falacia de “algún costo hay que pagar” seamos nosotros los que incurramos en su banalización. El programa PRISM –como seguramente otros similares cuya existencia aún desconocemos- nos clasifica a los ciudadanos del mundo como objetos y no sujetos de derecho y nos adjudica el rol de cautivos en una prisión virtual donde los carceleros tienen derecho a leer, interceptar o censurar toda correspondencia o comunicación que recibamos o que pretendamos enviar o emitir.

Quizás haya llegado el momento -y en ese sentido encontramos auspiciosa y plausible la declaración conjunta suscripta por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA orientada a alertar sobre las graves consecuencias de la existencia de programas de vigilancia como el PRISM- de que las Naciones Unidas, a través del Consejo de Derechos Humanos convoque a reuniones preparatorias que permitan elaborar un Anteproyecto de Convención Internacional sobre el uso de las TIC’S (Tecnologías de Información y Comunicación), el papel de los Estados y los derechos ciudadanos de manera de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional, con especial énfasis en la libertad de opinión así como en materia de privacidad e intimidad.

Por Eduardo Peduto. Director del Centro de Protección de Datos Personales

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