Más de cien organizaciones globales en contra de la vigilancia de Internet

thumbsLa Asociación de Derechos Civiles publicó en su sitio web una nota que queremos compartir con nuestros lectores.

El derecho internacional de los derechos humanos impone límites a las actividades de vigilancia de Internet que emprenden los Estados. La ADC firmó un documento al que adhirieron —hasta el momento— más de cien organizaciones globales que sistematiza esos estándares y marca una agenda de defensa del derecho a la privacidad en la era digital.

Desde un tiempo a esta parte se ha vuelto necesario actualizar la forma en que entendemos al derecho internacional de los derechos humanos para dar cuenta de las nuevas tecnologías y técnicas de la vigilancia. La urgencia de esta tarea se ve demostrada por las recientes revelaciones que confirman la vigilancia masiva de individuos inocentes de todo el mundo.

Para acercarnos a ese objetivo, hoy nos complace anunciar el lanzamiento formal de los Principios Internacionales de Derechos Humanos sobre Vigilancia de las Comunicaciones. Los principios articulan lo que el derecho internacional de los derechos humanos —que obliga a todos los países del mundo— exige de los gobiernos en la era digital. Ellos se vinculan a un creciente consenso global que indica que la vigilancia moderna ha ido demasiado lejos y debe ser restringida. Ellos también ofrecen parámetros que todas las personas alrededor del mundo pueden utilizar para evaluar sus sistemas jurídicos y promover cambios y reformas legales.

Estos principios son el resultado de más de un año de consultas a la sociedad civil y a expertos en privacidad y tecnología (veraquíaquíaquí y aquí). Ellos han sido co-firmados por más de cien organizaciones de todo el mundo. El proceso fue liderado por Privacy InternationalAccess y la Electronic Frontier Foundation.

El lanzamiento de los principios llega luego de un histórico reporte del Relator Especial de las Naciones Unidas del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión que documenta el avance de las actividades de vigilancia estatales sobre las comunicaciones, señalando que ello afecta severamente el derecho de los ciudadanos a su privacidad, a expresarse libremente y a disfrutar de otros derechos humanos. Recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Niay Pillay, enfatizó la importancia de aplicar los estándares de derechos humanos y las salvaguardas que ofrecen los sistemas democráticos a las actividades de vigilancia y lucha contra el crimen.

“Mientras que las preocupaciones que surgen de las cuestiones vinculadas a la seguridad nacional o a la actividad criminal pueden justificar el excepcional y restringido uso de programas de vigilancia, su desarrollo sin suficientes garantías para proteger el derecho a la privacidad podrían impactar negativamente en el disfrute de los derechos humanos y de libertades fundamentales”, señaló Pillay.

Los principios, que se resumen abajo, pueden encontrarse en necessaryandproportionate.org. Próximamente, ellos serán invocados por grupos y organizaciones de todo el mundo para promover cambios en la forma en que se interpretan las leyes vigentes y cómo se diseñan las leyes futuras.

Llamamos a los activistas por el derecho a la privacidad, a las organizaciones de derechos humanos, a los académicos y a otros miembros de la sociedad civil a apoyar los principios añadiendo su firma a los mismos.

Para firmar, enviar un correo a rights@eff.org o visitar https://www.necessaryandproportionate.org/about.

 

Resumen de los trece principios

Legalidad: cualquier limitación al derecho a la privacidad debe establecerse por medio de una ley.

Objetivo legítimo: Las leyes sólo pueden autorizar la vigilancia de las comunicaciones a autoridades específicas dentro del Estado y con el fin de alcanzar un objetivo legítimo que se vincule a un importante interés legal que es necesario en una sociedad democrática.

Necesidad: Las leyes que autoricen la vigilancia de las comunicaciones por parte del Estado deben limitar esa vigilancia a aquella que sea la mínima indispensable y necesaria para alcanzar el objetivo legítimo.

Idoneidad: Cualquier vigilancia de las comunicaciones autorizada por la ley debe ser idónea alcanzar el objetivo legítimo específico.

Proporcionalidad: Las decisiones sobre vigilancia de las comunicaciones deben ponderar los beneficios que se obtendrían con el daño que la intercepción podría causar a los derechos de los usuarios y en relación a otros intereses.

Autoridad judicial competente: Las decisiones relacionadas con la vigilancia e intercepción de las comunicaciones deben ser realizadas por una autoridad judicial competente que es imparcial e independiente.

Debido proceso: Los estados deben respetar y garantizar los derechos humanos de los individuos asegurándose que los procedimientos que regulan las interferencias están adecuadamente establecidos y enumerados por medio de una ley, que son consistentemente seguidos y que están disponibles al público en general.

Notificación al usuario: Los individuos deberían ser notificados de una decisión de vigilar sus comunicaciones con suficiente tiempo e información como para permitirles apelar la decisión. Asimismo, deberían tener acceso a los materiales presentados en apoyo de la petición de autorización para realizar actividades de vigilancia sobre sus comunicaciones.

Transparencia: Los Estados deben ser transparentes sobre el uso y alcance de las técnicas y facultades de vigilancia.

Control público: Los Estados debe contar con mecanismos independientes de control y revisión para garantizar la transparencia de las actividades de vigilancia de las comunicaciones, así como una adecuada rendición de cuentas.

Integridad de las comunicaciones y de los sistemas: Los Estados no deben obligar a los proveedores de servicios, de hardware o de software, a instalar dentro de sus sistemas herramientas que permitan la vigilancia o el monitoreo de las comunicaciones o a colectar o retener información.

Garantías para la cooperación internacional: los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLATs, en inglés) deben asegurar que, en caso de que los ordenamientos jurídicos de más de un país se apliquen a la vigilancia de las comunicaciones, el estándar más elevado de protección de los usuarios debe aplicarse.

Garantías en contra del acceso ilegítimo: Los Estados deben establecer legislación que penalice la vigilancia ilegal de las comunicaciones por parte de actores públicos y privados.

Ver más en NecessaryandProportionate.org.

Fuente: Asociación por los Derechos Civiles – enlace

 

 

 

 

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Acerca de Inés Tornabene
Inés Tornabene www.inestornabene.com

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