España: la AEPD exige retirar 41 cámaras en parques y colegios #videovigilancia

AEPD-logoLa videovigilancia en Alicante, controlada en la ciudad por un total de 41 cámaras de seguridad, incumple la normativa vigente contra la protección de datos y la privacidad, según la Agencia Española de Protección de Datos. A esta conclusión llega el citado organismo en una resolución emitida en julio en la que insta al Ayuntamiento de Alicante a retirar las cámaras instaladas en tres parques públicos y dos colegios de la ciudad por atentar contra la privacidad del viandante y no tener permiso gubernamental.

La agencia entiende que se vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) al no contar ese tipo de cámaras con autorización del Gobierno –según la agencia el Ayuntamiento solamente ha aportado copia del permiso del Ministerio de Interior para la actividad de la empresa instaladora– y por su amplio radio de captación. La resolución solicita al Consistorio como titular de la videovigilancia que desinstale los equipos o que obtenga la autorización de la Subdelegación del Gobierno. Añade que las cámaras, en cualquier caso, deben estar orientadas hacia el punto a vigilar invadiendo lo mínimo posible la vía pública.

Las zonas afectadas son los parques de La Ereta, Lo Morant, El Palmeral, el Colegio Público Gloria Fuertes y el Colegio 54. Al sistema de vigilancias tienen acceso los miembros de la Policía Local –la resolución concreta que las imágenes se visualizan en un monitor «ubicado en un despacho»– así como la empresa encargada del mantenimiento, según contestó el Consistorio a requerimiento de la agencia. El Ayuntamiento explicó que las cámaras captan, no graban, aunque su intención es que en breve las imágenes queden registradas. Leer más de esta entrada

El “caso Taringa” y la protección de los autores y creadores

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Con la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se rechazó el recurso interpuesto por los procesados en el “caso Taringa” contra el auto de elevación a juicio oral, se reavivó en las redes sociales y en diversos medios periodísticos el debate sobre internet y los derechos de propiedad intelectual.

La causa penal que se sigue contra los directivos del sitio “Taringa!” cuenta ya con el procesamiento de los imputados, confirmada el 29 de abril de 2011 por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en Criminal y Correccional, como partícipes necesarios del delito previsto en el artículo 72 inciso “a” de la ley 11.723 (cometido en 29 oportunidades). También confirmó el embargo dispuesto por el juez de grado sobre su dinero y/o bienes hasta alcanzar la suma de $200.000 (pesos doscientos mil).

En la causa se imputó a los dos procesados Matías y Hernán Botbol, en su carácter de propietarios de la firma “Wiroos S.R.L.” que contrata el servicio de hosting del portal web http://www.taringa.net, ofrecer a usuarios anónimos la posibilidad de compartir y descargar gratuitamente archivos cuyo contenido se encuentra protegido por derechos de autor, garantizando con ello la reproducción ilícita del material.

Uno de los fundamentos fue que “…el funcionamiento como biblioteca de hipervínculos justifica la existencia de la página que tiene un ingreso masivo de usuarios, mediante el cual percibe un rédito económico con la venta de publicidad, la que en el negocio informático se abarata o encarece en función de la mayor cantidad de visitas que recibe…” y “….ha permitido que personas, aún no identificadas, publicaran links para descargar ilegítimamente las obras descriptas por los denunciantes… sin que la maniobra fuera evitada por la administración del sitio de los imputados, facilitando con ello las copias cuestionadas..”.

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Reflexiones sobre teléfonos celulares y datos personales

Compartimos la nota de Adrián Paenza, publicada en Página 12 este jueves 22 de agosto, ya que creemos que permite reflexionar sobre los usos que realizamos de nuestros dispositivos móviles y de la información que estos pueden dar sobre nosotros.

¿Cuántos teléfonos celulares hay en la Argentina? La respuesta depende de la fuente que uno consulte. Algunos sostienen que hay más de 50 millones y otros un poco menos. No importa. A los efectos de lo que quiero proponerle pensar, lo más relevante es que hay decididamente más teléfonos celulares que personas que habitan el país.

Las compañías telefónicas que proveen el servicio de telefonía celular poseen una herramienta de un extraordinario poder: la base de datos que generan sus usuarios. Pero espere: no me refiero a los nombres de las personas que son dueños de los teléfonos. Ese sería un dato insignificante, equivalente a decir que tienen los nombres de una guía telefónica 1). No. Me refiero a otra cosa.

Cada vez que usted hace una llamada con uno de ellos, no sólo está usando su teléfono y el número que tiene asignado, sino que también necesita usar una antena (o más). En el momento en que se produce la llamada, la señal que usted envía llega a la “torre” más cercana que tiene su proveedor. Desde allí sigue entonces el proceso. Si usted se está moviendo, las antenas van cambiando a medida que usted va cambiando de locación, y esta operación es totalmente transparente para el usuario que no presta atención (ni razón hay para que lo haga) al despliegue tecnológico necesario para que la conexión ocurra y se mantenga.

Sin embargo, todos estos miniepisodios quedan registrados. Usted no es más dueño de lo que hizo, sino que ha dejado una cantidad de rastros/huellas, algo así como si hubiera marcado con una tiza todo su trayecto. Fíjese que estoy omitiendo hablar del contenido de su conversación. Esa sería la preocupación más frecuente, por lo que significaría una obvia invasión a la privacidad. Pero hay otro tipo de datos que quedan registrados y que les otorgan a las telefónicas un poder descomunal. Es tan grande el poder que tienen con esa base de datos, es tan extraordinaria su potencialidad, que creo que debería discutirse si ese material les pertenece o si debiera ser regulado por el Estado. No sé. No he pensado el tema y estoy seguro de que habrá gente experta que tendrá opiniones educadas. La mía, ciertamente no lo es. Pero quiero explayarme un poco más en por qué considero que esa base de datos contiene adentro una cantidad de información que podría cooperar en la solución de muchísimos problemas. ¿De qué hablo? Me explico, primero con un ejemplo. Leer más de esta entrada

Perú: castigarán hasta con cinco años de prisión a traficantes de datos personales

peruEn Perú, tras aprobar la ley que modifica el Código Penal que tipifica como delito especial el Tráfico Ilegal de Datos Personales, los que trafiquen datos personales podrían ir presos y cumplir con una condena de hasta cinco años.

Esta iniciativa busca hacer frente a la inseguridad ciudadana que el país atraviesa. Así lo dio a entender el congresista Jaime Delgado, autor de esta iniciativa. Destacó esta aprobación y dijo que la incorporación de este nuevo artículo (207-D) cubre un vacío existente en el Código Penal.

“Con esta ley el tráfico ilícito de bases de datos y datos personales se convierte en un delito especial. Por tanto, aquellos que utilicen sin consentimiento del titular información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera, etc., para traficar con ella, podrá ir preso hasta por cinco años”, acotó.

La sanción de esta norma se logró luego de una serie de reuniones y acuerdos entre el congresista y el Director de la Autoridad de Protección de Datos Personales, el Director Nacional de la Policía Fiscal y la Autoridad Nacional de Consumo.

Fuente: La República, Perú – Enlace