La Justicia europea hace a Google responsable del tratamiento de los datos personales que aparecen en sus búsquedas

curiaEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado que el principal buscador del mundo está obligado a retirar resultados de búsqueda a petición de un ciudadano si los sitios web a los que se enlaza contienen datos personales del solicitante, incluso si el sitio web de origen no elimina dicha información o ésta es lícita.

Esto supone un importante respaldo al llamado ‘derecho al olvido’, es decir, la posibilidad de un ciudadano de borrar sus datos personales y su ‘rastro’ en la Red.

La decisión del Tribunal de Luxemburgo contesta en su sentencia anueve preguntas planteadas por la audiencia Nacional, a raíz de un recurso de Google contra una decisión de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esas preguntas se pueden resumir en tres bloques:

  1. ¿Puede el usuario dirigirse directamente a Google en el caso de modificación o cancelación de los datos que el buscador ‘indexa’? La respuesta es sí, dado que Google es considerado en parte responsable de dichos datos.
  2. ¿Lo que realiza Google puede considerarse como ‘tratamiento de datos’? La respuesta es sí, dado que “recoge” tales datos que “extrae”, “registra” y “organiza” posteriormente en el marco de sus programas de indexación, “conserva” en sus servidores y, en su caso, “comunica” y “facilita el acceso” a sus usuarios en forma de listas de resultados. “La propia presentación de datos personales en una página de resultados de una búsqueda constituye un tratamiento de tales datos”, dice la sentencia.
  3. ¿Se ha de aplicar en este caso la normativa europea sobre protección de datos? La respuesta es que sí, dado que Google trata datos personales y las filiales de Google en Europa son consideradas “establecimientos” en el sentido de la Directiva 95/46, y aunque la actividad de búsqueda no realiza tratamiento de datos personales en España el Tribunal considera sí se realizan “en el marco de las actividades” de dicho “establecimiento”.

Criterios y efectos

El TJUE fija unos criterios que probablemente afectará a la relación de las compañías de Internet -no sólo Google- en Europa de forma profunda: Google deberá someterse a las legislaciones europeas de protección de datos debido a que cuenta con oficinas en los principales países europeos, aunque éstas sean “una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios”.

Dice la sentencia textualmente que “el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita”.

La sentencia considera que el derecho a la protección de datos de las personas prevalece, con carácter general, sobre el “mero interés económico del gestor del motor de búsqueda” salvo que el interesado tenga relevancia pública y el acceso a la información esté justificado por el interés público.

El abogado Javier Maestre, socio de BufetAlmeida Abogados, apunta que “para ver si se tiene derecho a eliminar los resultados de búsqueda habrá que acudir a los criterios clásicos de conflicto entre honor e intimidad y libertad de expresión e información, básicamente, afectación de la intimidad y honor del interesado y relevancia pública de la noticia y personaje”.

La sentencia choca con el dictamen del Abogado General del TJUENiilo Jääskinen, que en junio del año pasado afirmaba que a pesar de que Google, en su actividad de búsqueda de información y puesta a disposición de los internautas de la misma, “trata” datos personales, aunque en su opinión no se debería obligar a un buscador a eliminar contenidos producidos por otros.

Una actividad que afecta a la vida privada

Recuerda la sentencia -puntos 25 y 26- que la Directiva 95/46, en vigor, define el tratamiento de datos personales como “cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales (…)”.

También apunta que el “Tribunal de Justicia (de la UE) ya ha tenido ocasión de declarar que la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a datos personales debe considerarse un ‘tratamiento’ (de datos personales)”.

Por tanto, el TJUE afirma en su sentencia que la actividad de un motor de búsqueda -que “trata” datos personales- “puede afectar, significativamente y de modo adicional a la de los editores de sitios de Internet, a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales” y por eso las leyes europeas de protección de datos son aplicables.

La sentencia también tumba (punto 39) uno de los argumentos de Google acerca de que la responsabilidad total es de los editores y no del buscador, como intermediario ‘neutral’. “Que los editores de sitios de Internet tengan la facultad de indicar a los gestores de los motores de búsqueda […] sea excluida total o parcialmente de los índices automáticos de los motores (mediante ‘robots.txt’, por ejemplo), no significa que la falta de tal indicación por parte de estos editores libere al gestor de un motor de búsqueda de su responsabilidad por el tratamiento de datos personales”.

Reacciones

En una nota, la Agencia Española de Protección de Datos celebra el fallo y asegura que “este pronunciamiento, que tiene la última palabra en lo concerniente a la interpretación del derecho de la Unión Europea, clarifica definitivamente el régimen de responsabilidades de los buscadores de Internet en relación con la protección de los datos personales y pone término a la situación de desprotección de los afectados generada por la negativa de la compañía Google a someterse a la normativa española y europea reguladora de la materia”.

Eso sí, la AEPD recuerda que “el ‘derecho al olvido’ […] lejos de ser un derecho absoluto como a veces se ha intentado presentar para descalificarlo, tiene alcance limitado”. “Su ámbito de aplicación coincide con el que corresponde a los derechos de cancelación y oposición”, apunta, y concluye que “su reconocimiento no resulta en modo alguno incompatible con el pleno reconocimiento de las libertades de expresión y de información y su carácter prevalente”.

Por su parte, y en una escuetísima nota, Google afirma que “esta es una decisión decepcionante para los motores de búsqueda y editores ‘online’ en general”. “Estamos muy sorprendidos de que difiera tan drásticamente de las conclusiones del Abogado General y de las advertencias y las consecuencias que ya identificó”, añade, y concluye: “Vamos a dedicar tiempo, desde este momento, para analizar las implicaciones de dicha decisión”.

Consecuencias

La abogada especializada en privacidad Verónica Alarcón, dePrivacidad en Internet S.L., reflexiona sobre la aplicación práctica de esta sentencia. “Google siempre ha mantenido que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de las leyes europeas”, afirma, y añade: “De hecho, ese era un punto esencial en la cuestión prejudicial que ha resuelto el TJUE”.

Alarcón cree que “es muy probable que Google siga sin admitir la aplicación de nuestras leyes, a pesar de lo que diga el TJUE, y en la práctica esto se podría traducir en una negación sistemática del ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente a Google y a no acatar las posibles resoluciones de la autoridad de control nacional (Agencia Española de Protección de Datos, en nuestro caso) o de los Tribunales de Justicia”. “Estas últimas habrá que ejecutarlas con la escasa o nula colaboración de Estados Unidos, como de costumbre”, añade.

La abogada cree que “una forma realmente eficaz de aplicar la legislación nacional o Comunitaria a un gigante como Google debería pasar por establecer un tratado concreto que regulase estas cuestiones entre EEUU y la UE, de forma que sean las propias partes las que se sometan a unas reglas creadas por ellas mismas o una asunción expresa de respetar nuestras leyes, aunque esto es algo difícil de que ocurra a medio e incluso a largo plazo”.

“En cualquier caso”, prosigue, “considero que el fallo del TJUE es un gran paso hacia adelante en la creación de un marco de protección de la vida privada y de la protección de los datos de carácter personal en Internet, ya que normalmente la gente encuentra y accede a los datos a través de búsquedas concretas en los buscadores como Google. “Por tanto”, concluye, “el problema no es tanto que un medio o boletín publique una determinada información sobre nosotros sino que el buscador la destaca y de forma tristemente eficiente”.

En opinión del abogado experto David González Calleja, deNTAbogados, al obligar a Google a atender -y valorar- cualquier petición de ciudadanos para que ‘borre’ resultados de búsquedas, “es esperable una avalancha de gente dispuesta a pedir este borrado, dado que además el coste es casi nulo porque es un proceso administrativo, salvo que Google recurra”, informa Cristina Román.

“Los ciudadanos ganan en protección en derecho a la intimidad en Internet”, afirma González, aunque “por otra parte se puede perder en gran medida la facultad de acceso a la información”.

Mario Costeja contra Google

Este caso, el primero que llea al TJUE de su clase, se remonta a 1998, cuando el diario La Vanguardia insertó dos anuncios de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. Dicho anuncio, que posteriormente fue colgado en la edición ‘online’ del periódico, se mencionaba el nombre deMario Costeja como propietario de estos inmuebles. En 2009 Corteja contactó con la editorial del periódico para quejarse porque, cuando introducía su nombre y apellidos en Google, aparecía la referencia a dichos anuncios, a pesar de que el embargo estaba solucionado y resuelto desde hacía años. La editorial alegó que no procedía la eliminación de esos datos puesto que el anuncio se había puesto por requerimiento del Ministerio de Trabajo e instó al usuario a contactar con Google para que eliminara esas referencias a su nombre. Tras contactar con la empresa estadounidense, el usuario solicitó el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien finalmente reclamó a Google Spain S.L. y Google Inc que adoptara las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos. Google interpuso posteriormente un recurso ante la Audiencia Nacional en los que solicitaban la nulidad de la resolución de la AEPD. El tribunal español, a su vez, remitió una serie de cuestiones jurídicas al Tribunal Europeo, que son las que acaba de resolver. El caso volverá a la Audiencia Nacional, que no ha tomado aún una decisión en el caso que enfrenta a Costeja contra el gigante de la Red.

Fuente: El Mundo – Enlace

Compartimos el: Texto Sentencia (español) y el Nota Prensa TJUE

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