El comité de Google para analizar los casos de privacidad en la Red

_googl_00e0b456El comité de expertos creado por Google para clarificar aspectos jurídicos difíciles de interpretar tras la sentencia del “derecho al olvido” sentará las bases de la futura relación Internet-privacidad, ha explicado a Efefuturo uno de sus miembros, el jurista español Jose Luis Piñar.

El pasado 13 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que Google y el resto de motores de búsqueda en internet, considerados ahora como responsables del tratamiento de contenidos y no simples correas informativas, están obligados a retirar los enlaces a contenidos lesivos siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

El comité de expertos creado a instancias de Google lo integran cinco expertos internacionales, bajo la dirección de Eric Schmidt,expresidente de Google, y David Drummond, responsable mundial de los servicios jurídicos de la compañía.

Además de José Luis Piñar, exdirector de la Agencia Española de Protección de datos (AEPD), asimismo vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo y catedrático de Derecho Administrativo, forman parte del mismo Jimmy Wales, fundador de Wikipedia; Frank La Rue, relator especial de la ONU, y los profesores Luciano Floridi (Universidad de Oxford) y Peggy Valcke (de Lovaina).
Un documento encargado a estos expertos a raíz de la sentencia, motivada por el caso del español Mario Costeja y “el tesón” de la AEPD en la defensa ciudadana de la protección de datos ayudará a clarificar aspectos difíciles de interpretar de la sentencia.

Así lo ha asegurado en una entrevista con Efefuturo, el catedrático Piñar, director asimismo de la Cátedra Google-CEU de Privacidad, Sociedad e Innovación, y del Master en Protección de Datos que se imparte en dicha Universidad, quien ha avanzado que el documento que se les ha encargado habrá de estar concluido a finales de este año o principios de 2015.

“Tenemos que emitir un estudio o análisis de evaluación de cómo debe aplicar Google la directiva”, ha explicado el experto.

Este comité, que no ha empezado sus trabajos aún, aunque ya ha entablado contactos para fijar agendas, mantendrá reuniones físicas y virtuales para esclarecer las situaciones en las que jurídicamente estaría amparado el derecho de cancelación de datos u olvido en base a la sentencia y en las que primaría la información.

Ha dicho que la sentencia es muy difícil de llevar a la práctica porque jurídicamente no están claros todos sus aspectos: cómo se aplica en cada caso, en qué situaciones prevalece el derecho a la intimidad frente a la libertad de información, qué significa relevancia pública, etc.

Piñar considera importante la aprobación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre protección de datos para homogeneizar las reglas de juego en el mundo.

Las tradicionales realidades territoriales, delimitadas con fronteras físicas, no encajan con internet, un espacio que carece de ellas, ha señalado el experto.
Google ha visto crecer de forma exponencial las reclamaciones sobre “derecho al olvido” tras la sentencia; hace sólo unos días superaban las 40.000, con un buen número de ellas procedentes de pederastas, ha lamentado el experto.

Violaciones, asesinatos en serie, abusos a menores… Inicialmente, podría pensarse en la prevalencia del derecho de información frente a la intimidad de los autores de esas fechorías pero no siempre tiene por qué ser así, ha subrayado.

Qué pasaría, por ejemplo, con un antiguo violador arrepentido de sus actos con su condena cumplida y reinsertado socialmente que quiera reiniciar su vida o con un expolítico corrupto que ya haya saldado sus deudas y quiera recuperar su anonimato.
La sentencia da pie a varias “paradojas”, ha insistido Piñar. Curiosamente, el español Mario Costeja, que motivó con su caso la citada sentencia, al reclamar la retirada de enlaces al diario La Vanguardia por un antiguo impago de deudas a la Seguridad Social, es más público ahora que nunca, lo contrario a lo que buscaba.

Dada su actual relevancia pública, cabría pensar que la sentencia europea no le avalaría para reclamar la retirada de enlaces a las informaciones sobre su caso judicial, en donde el interés informativo primaría sobre el derecho a la intimidad.

Por otra parte, la sentencia otorga más poder aún si cabe al gigante Google, al que le ha otorgado la batuta para ponderar, bajo sus criterios, qué se borra y qué no, sin necesidad previa de reclamación de nadie, aunque sin perjuicio de la última decisión que en su caso corresponderá a los Tribunales, previa reclamación a las autoridades de protección de datos.

“Me preocupa mucho” esa potestad de Google, aunque Piñar confía en que la empresa la utilizará con criterios objetivos, para mantener su fiabilidad.

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