Ley de OEA debe atender experiencias para proteger datos personales

OEA_LogoLos esfuerzo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por crear una Ley Modelo de protección de Datos personales, que permita atender los desafíos que traen los adelantos tecnológicos para la privacidad y al mismo tiempo fomentar el flujo de información libre y segura dentro y fuera de los países de la región, debe tomar en cuenta las experiencias particulares de los Estados miembros, sostuvo la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IGAI), Areli Cano Guadiana.

Al intervenir en el panel “La experiencia de las autoridades de protección de datos en Iberoamérica. El impulso normativo a través de una Ley Modelo de la OEA” del 12 Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, organizado por el IFAI, la comisionada señaló que una base importante para la propuesta de la ley fue la aprobación, en marzo de 2012, de la declaración de principios de privacidad y protección de datos personales en las Américas.

La aprobación de estos principios, dijo ha significado un avance en el establecimiento de un marco regulatorio para la protección de datos; sin embargo, agregó que una de las principales observaciones que se han hecho es que se debe profundizar en el estudio de las experiencias y en las legislaciones nacionales en la materia de los estados miembros.

En su turno Magaly McLean, abogada principal del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, comentó que a partir del mandato de la Asamblea General de ese organismo -en 2013-, se han llevado a cabo diversos esfuerzos para la elaboración de la Ley Modelo.

No obstante, precisó que todavía no se tiene un borrador del documento, pero que se espera contar con un avance importante en 2016. Al respecto, comentó que se trata de dos años que pueden parecer mucho tiempo, pero recordó que la confección de la Ley Modelo en Transparencia tardó siete años.

McLean, quien también es representante de la OEA en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, dijo que la organización tiene abiertas sus puertas para la participación de todos los sectores, tantos gobiernos, sociedad civil y académicos, para presentar propuestas, invitación de la que la comisionada Areli Cano dijo tomar nota.

Claudio Magliona Markovich, coordinador académico del Programa de Master de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile, sugirió reconocer la figura de intermediario; establecer principios, derechos, procedimientos, reclamos efectivos de sanciones disuasivas; hacer efectivamente responsables a quienes tratan los datos de las personas; definir con precisión qué son datos personales y datos sensibles; reconocer excepciones al consentimiento en el manejo de datos; evitar la exigencia de un doble consentimiento en las transferencias internacionales de datos entre empresas internacionales, y adoptar medidas obligatorias en materia de seguridad, entre otras.

“El mensaje es, yo creo, que estamos todos de acuerdo en que tiene que haber regulación y tiene que haber una regulación enérgica; pero tenemos que evitar caer en paternalismos excesivos y restricciones arbitrarias a libre flujo de información en una sociedad que hoy necesita, y es determinante, contar con esa información”, afirmó.

Jorge Islas, profesor titular por oposición de Derecho Constitucional de la UNAM, consideró que más que medidas disuasivas, debe haber medidas preventivas en la protección de datos personales.

Opinó que cada legislación de cada país deberá establecer las propias capacidades y características de su diseño institucional, pero señaló que es muy importante la independencia de la autoridad, para que eventualmente tenga las mejores capacidades de libertad en su actuación.

E indicó que deben de establecerse procedimientos sencillos, agiles, eficaces ante el eventual incumplimiento de las disposiciones que buscan proteger los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).

Islas sugirió que debe de haber “consecuencias legales”, es decir, que se debe de prever la reparación del daño para preservar los derechos de los titulares de los datos personales, como el derecho a ser indemnizados, por cualquier daño o perjuicio generado por un mal manejo de esa información de las personas.

Asimismo, estimó que en lugar de manejar el principio de flujo transfronterizo de información, se deberían de establecer los límites generales de dicho flujo, tales como el que se puede hacer en la transferencia internacional con países que ofrezcan un nivel igual o superior de protección de datos.

Fuente: Jornanda Unam – Enlace

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