El “caso Taringa” y la protección de los autores y creadores

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Con la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se rechazó el recurso interpuesto por los procesados en el “caso Taringa” contra el auto de elevación a juicio oral, se reavivó en las redes sociales y en diversos medios periodísticos el debate sobre internet y los derechos de propiedad intelectual.

La causa penal que se sigue contra los directivos del sitio “Taringa!” cuenta ya con el procesamiento de los imputados, confirmada el 29 de abril de 2011 por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en Criminal y Correccional, como partícipes necesarios del delito previsto en el artículo 72 inciso “a” de la ley 11.723 (cometido en 29 oportunidades). También confirmó el embargo dispuesto por el juez de grado sobre su dinero y/o bienes hasta alcanzar la suma de $200.000 (pesos doscientos mil).

En la causa se imputó a los dos procesados Matías y Hernán Botbol, en su carácter de propietarios de la firma “Wiroos S.R.L.” que contrata el servicio de hosting del portal web http://www.taringa.net, ofrecer a usuarios anónimos la posibilidad de compartir y descargar gratuitamente archivos cuyo contenido se encuentra protegido por derechos de autor, garantizando con ello la reproducción ilícita del material.

Uno de los fundamentos fue que “…el funcionamiento como biblioteca de hipervínculos justifica la existencia de la página que tiene un ingreso masivo de usuarios, mediante el cual percibe un rédito económico con la venta de publicidad, la que en el negocio informático se abarata o encarece en función de la mayor cantidad de visitas que recibe…” y “….ha permitido que personas, aún no identificadas, publicaran links para descargar ilegítimamente las obras descriptas por los denunciantes… sin que la maniobra fuera evitada por la administración del sitio de los imputados, facilitando con ello las copias cuestionadas..”.

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Alemania: el 1/9 se publicarán los nombres de miles de infractores #infractores #privacidad #p2p #derechosdeautor

Así lo ha confirmado el bufete de abogados alemán Urmann. Según la firma, a partir del 1 de septiembre comenzarán a hacer públicos los detalles de cada individuo que haya infringido los derechos de autor de sus clientes a través del intercambio de archivos, la mayoría de la industria del porno. Además, según la firma de abogados comenzarán con las IP de los demandados resgistradas en iglesias, comisarías e incluso miembros de embajadas de los países árabes. Todo ello sin pasar por los tribunales.

 

Un movimiento que viene a ser el extremo más radical iniciado por RIAA y resto de sociedades con las famosas cartas a cambio de evitar un juicio. En este caso el movimiento llega desde Europa en un comunicado publicado por la firma de abogados en su página web.

Según Urmann, tienen un gran número de casos de intercambio de archivos sin salida. Antes de pasar por los tribunales, la firma iniciará una campaña de persuasión contra sus acusados.

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Google cambia sus resultados de búsqueda

Google anunció que  su buscador comenzará a castigar a los sitios que hayan sido denunciados por no respetar los derechos de autor. La sanción consistirá en postergar esas direcciones en las listas de resultados.

Google explicó que para ordenar la lista de links que entrega como resultado ante una búsqueda, toma en cuenta unos 200 criterios. Y a ellos sumará ahora el de evaluar el número de pedidos de remoción de enlaces por violación de derechos de autor que haya recibido acerca de un sitio determinado. “Este cambio de clasificación debería ayudar a los usuarios a encontrar fuentes de contenidos legítimas y de calidad más fácilmente”, señaló Amit Singhal, vicepresidente de Ingeniería de Google.

El anuncio generó quejas y críticas en diferentes foros y espacios online . Muchos usuarios denuncian que con esto se ataca la libertad de expresión . Y otros acusan al buscador de alejarse de la neutralidad que en otros momentos defendió para favorecer otros intereses propios. En este punto señalan la venta de contenidos en Google Play o YouTube y la necesidad de favorecer acuerdos con los gigantes del entretenimiento, tal vez los más perjudicados por la violación de derechos de autor.

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