España: la dirección IP no es prueba suficiente para imputar un delito a su titular

El Tribunal Supremo español ha anulado la condena a dos personas que habían sido acusados por un delito de estafa informática al considerar que la mera adjudicación de una dirección IP no acredita ser el autor del acto telemático que la utiliza. El alto tribunal así lo considera en una sentencia dictada por la Sala Penal el pasado 3 de diciembre y hecha pública recientemnte,

Los acusados fueron condenados por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en en octubre de 2011, por un delito de estafa informática, previsto y penado en los artículos 248.2 y 249 del Código Penal de ese país. Según expone la sentencia de instancia, uno de los acusados usó las claves bancarias de la víctima para ordenar una transferencia a otro número de cuenta, titularidad del segundo acusado.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado ahora que la Audiencia Provincial no dispuso de una “mínima actividad probatoria” y que la prueba pericial que concluye que el acusado fue autor del delito resulta “poco concluyente y equívoca” además de no tener en cuenta que el condenado carecía de conocimientos y capacidad para llevar a cabo las operaciones informáticas que se le imputaban. Leer más de esta entrada

Noruega: Google Analytics bajo lupa por sacar partido de las direcciones IP y no tratarlas como datos personales

Según la Agencia de Protección de Datos Personales de Noruega, Google Analytics puede estar vulnerando la privacidad de los usuarios ya que cada vez que una empresa acepta los términos de uso de Analytics, le están dando acceso a los datos personales de las personas que visitan los sitios web cuyas visitas gestiona Google.

El punto crítico está, de un lado, en el uso que hace Google de los datos recabados para ofrecer publicidad personalizada en función de la ubicación del usuario; y del otro, en que si el usuario está logueado en Google entonces sus datos ya fluyen de una forma espectacular por los servicios de la empresa del buscador. De manera que Google le ofrece búsquedas y publicidad personalizadas, lo que choca contra lo que establece la ley sobre el proceso de datos personales del país.

Para cumplir al 100 % con la legalidad vigente, Google debería, por un lado, desvincular la recopilación de datos a partir de la IP del resto de servicios que ofrece. Por otra parte, deberá hacer anónimos los datos recabados en cuanto a su procedencia geográfica. Leer más de esta entrada