El derecho a la intimidad y al honor en Internet : la opinión de la Dirección de Datos Personales de Defensoría en el fallo María Belén Rodríguez

281014a38665297medEste martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda que la modelo María Belén Rodríguez había presentado contra Google Inc y Yahoo de Argentina SRL, a quienes le había pedido una indemnización por daños y perjuicios a los buscadores Google Inc y Yahoo de Argentina SRL por considerarlos responsable del uso comercial no autorizado de su imagen y que se habían avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a determinadas páginas de contenido erótico y/o pornográfico.

Más allá de su resolución final, el caso reviste suma importancia. Por un lado, por la jerarquía del tribunal que emitió el pronunciamiento, pero también se rescata la importancia de cierta doctrina y el procedimiento participativo empleado. La Corte consideró necesario oír argumentos y posturas de personas e instituciones destacadas en la materia mediante la herramienta conocida como “amigos del tribunal”. Así, se llevaron a cabo dos jornadas de audiencias en las que se oyeron diferentes opiniones. En esa oportunidad, la Defensoría del Pueblo solicitó intervenir y, si bien finalmente ello no fue admitido, sí pudieron acercarse sus argumentos en un escrito. Allí destacó la legitimidad de participar en ese proceso toda vez que el organismo posee competencia específica en materia de protección de datos personales por aplicación de la ley local 1845 y su decreto reglamentario 725/07.

En concreto, se recalcó la necesidad de garantizar el derecho al honor y la protección a la intimidad por parte de los buscadores de Internet considerando que son responsables una vez que fueron notificados de la vulneración del derecho a la privacidad y la protección de datos personales. En cuanto a la forma de solicitar la baja, la Defensoría mantuvo una postura más amplia y garantista, esto es, la innecesaridad de judicializar la cuestión: “ello debiera ocurrir una vez que son notificados por algún sujeto de la vulneración de estos derechos y sin necesidad de intervención judicial, mediante procesos sencillos y accesibles que hoy no se dan. Que si ello no sucediera oportunamente los mismos incurren en responsabilidad”.

En buena hora, sobre este aspecto, la mayoría del tribunal reconoce la responsabilidad subjetiva de los buscadores tal como lo ha sentado la Defensoría en el escrito referido y en diversas actuaciones donde se ha acudido directamente ante los buscadores. Sobre el procedimiento o modalidad de pedido, la Corte entiende que no es suficiente que ello sea solicitado por el afectado directo y aclara que en casos en que el contenido dañoso lesione el honor corresponde exigir la notificación judicial pero admite también la administrativa competente, tema que estaba en duda por alguna doctrina.

En conclusión, la Defensoría celebra que la Corte haya reconocido la protección del derecho al honor en la web. A partir de este fallo, no hay dudas de la competencia de la Dirección de Protección de Datos Personales de la institución para solicitar la baja de contenidos en el marco de la competencia que otorga la ley de protección de datos personales. Esa potestad constituye un aspecto esencial para lograr la efectiva protección de los datos personales, que en definitiva es un  derecho humano fundamental plenamente vigente en Internet.

Google podría tener en dos semanas una herramienta para que los usuarios pidan el borrado de datos

google2La Agencia de Protección de Datos de Hamburgo afirma que Google “ha prometido” lanzar “en las próximas dos semanas” una herramienta para que los ciudadanos puedan solicitar la eliminación de su índice de enlaces a información sensible sobre ellos en Internet.

Según publica el diario The Wall Street Journal, que adelantó ayer esta información, parece que la compañía se está moviendo rápidamente para adaptarse al nuevo escenario de protección de datos fruto de la sentencia de esta semana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera que el buscador también tiene responsabilidad por indexar y facilitar el acceso a sitios web que contienen datos personales.

“Se han comprometido a presentar un proceso dentro de dos semanas para que los usuarios registren sus quejas”, dijo Ulrich Kühn, comisionado adjunto de la autoridad de protección de datos de Hamburgo, en un correo electrónico después de unas conversaciones con los representantes locales de Google. Leer más de esta entrada

La justicia intimó a #Facebook Argentina a quitar contenido agraviante

Graciela Lugo, la jueza Civil y Comercial de la provincia de Formosa, le ordenó a la conocida red social que se quiten los comentarios de una cuenta anónima con contenido referido a una empresaria.

La determinación del magistrado responde al pedido del damnificado ya que se consideró agraviado e injuriado por la información que se difundió a través del usuario creado.

En tal sentido, la filial de la empresa norteamericana cuenta con un plazo de 48 horas para cumplir con lo ordenado por la justicia. Cabe señalar que el demandante no solicitó el cierre de la cuenta sino que se quiten los comentarios.

Por su parte, el magistrado afirmó que “si bien la libertad de expresión es un derecho reconocido constitucionalmente, ello no significa que en un supuesto ejercicio de dicho derecho, se pueda avasallar derechos de personas también reconocidos y protegidos por la Carta Magna”.

La empresaria que realizó la denuncia no solicitó un resarcimiento económico indemnizatorio por lo acontecido ni tampoco la identificación de los autores anónimos, según informaron fuentes judiciales.

Fuente: Abogados.com.ar – enlace

Chile: fallo obliga a un ministro a entregar correos electrónicos

El pasado miércoles 4 de abril el Consejo para la Transparencia de Chile falló a favor del ciudadano Juan José Soto por lo que el ministro Cristián Larroulet deberá entregar a éste los correos electrónicos que fueron solicitados en el marco de la Ley de Transparencia de este país.

En esta línea el abogado de Soto, Rodrigo Mora de Fundación Pro Acceso, explica que la decisión del CPT “confirma nuestra tesis de dar primacía a la publicidad de los documentos que estén en posesión de las autoridades, sin importar su formato o soporte. Nuestra solicitud ha estado siempre afianzada en conocer información de autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, excluyendo muy expresamente cualquier ámbito relacionado con la vida privada o que pudiera afectar garantías constitucionales”.

Juan José Soto, quien se desempeña como gerente de Fundación Ciudadano Inteligente , afirmó que “valoramos el fallo, porque confirma el derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a información que es elaborada con recursos públicos y que trata de temas que son públicos, y por lo tanto nos afectan a todos. Esperamos que el gobierno acepte el fallo y entregue la información”. Leer más de esta entrada

Un hospital mendocino debe indemnizar a una joven por el mal asentamiento de sus datos personales

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó una sentencia que había condenado en forma solidaria a un hospital y a un médico a indemnizar a una joven por la redacción de un informe en el que se denunciaba el abandono de un recién nacido. En el documento se colocaron como datos de la madre los de una señorita que, finalmente, no resultó ser la progenitora del niño.

La Sala Primera del Alto Tribunal, integrada por los magistrados Fernando Romano, Jorge Nanclares y Mario Adaro, afirmó que “la responsabilidad es del ente asistencial, ya que la falta cometida surgió en el servicio de admisión del hospital, que al ingresar el nombre de la persona que iba a tener el bebé, confundió las historias clínicas con las ya existentes de su homónima”.

En el caso, una mujer se presentó ante un hospital provincial para dar a luz y, luego del parto, huyó, dejando abandonado al recién nacido. El médico que asistió el nacimiento elevó un informe a las autoridades. Sin embargo, al hacerlo, consignó los datos de la madre en forma errónea: en lugar de referirse a la verdadera progenitora, se asentaron los datos personales de otra mujer. Leer más de esta entrada

Cámaras de Seguridad: no se colocarán dentro de las escuelas

La Justicia porteña intimó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, a instruir a las empresas contratadas para instalar videocámaras de seguridad para que no coloquen esos equipos en el interior de las escuelas y que lo hagan de tal manera que “no afecten la intimidad de los niños, niñas y adolescentes”.

Ante los reclamos de padres y docentes, el gobierno ya había anunciado que las cámaras estarían afuera de los edificios escolares. Pero como ese compromiso no estaba por escrito ni expresado en los contratos, la jueza Elena Liberatori exigió que quede registrado en un “acto administrativo”, por escrito.

Liberatori adoptó la decisión al finalizar la audiencia pública a la que convocó en la causa iniciada a partir del reclamo de padres de alumnos ante la inminente instalación de cámaras de seguridad en escuelas porteñas. Las demandas habían sido rspaldadas por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y el Observatorio de Derechos Humanos. Ambas organizaciones expresaron su satisfacción por la medida judicial. “Es un gran avance que los ministros del gobierno de la Ciudad hayan puesto el derecho a la intimidad de los niños por sobre la seguridad de los bienes”, afirmó Eduardo López, secretario general de UTE. Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) destacó que la decisión judicial “pone freno a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo porteño”. Leer más de esta entrada