Ampliación ciudadana y protección de datos personales #protecciondatos

Muchos serían los niveles de análisis o las vertientes posibles para abordar el tópico relativo a la ampliación de ciudadanía. Hemos seleccionado uno que ya sea por su relativa reciente aparición si lo medimos en términos de acontecimiento histórico, como por la escasa difusión alcanzada que se halla aún invisibilizada para la gran mayoría. Al menos en los aspectos que hoy nos interesa compartir con ustedes: la llamada figura del “hábeas data” más conocida como protección de datos personales.

Sintéticamente estamos hablando del derecho que asiste a toda persona,  identificada o identificable, a solicitar la exhibición de los registros, públicos o privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o los de su grupo familiar, para tomar conocimiento de su exactitud; a requerir la rectificación, la supresión de datos inexactos u obsoletos o que impliquen discriminación o a que la forma en que han sido registrados sean fieles a la identidad en que se reconoce.

Señalaremos al respecto que la cuestión, si bien comenzó a adquirir cierta relevancia hacia fines del siglo 19, recién emergió de manera potente en el último cuarto del siglo 20. Efectivamente, en Estados Unidos de Norteamérica se reguló el tema de manera particular en la Privacy Act de 1974 que protege el derecho de intimidad y tuvo su antecedente en la preocupación ocasionada por el escándalo que llevó a la renuncia del presidente Nixon en el caso Watergate. Sin que esto pueda sonar a una digresión cabe consignar que, tras los atentados en las Torres Gemelas, con la sanción el 26 de octubre de 2001 por el Congreso de los EE.UU. durante la gestión del presidente George W. Bush de la ley conocida con el nombre de Patriotic Act, estos derechos se han visto seriamente restringidos cuando no conculcados.

Inspirada en motivaciones absolutamente diferentes dos años después, en 1976, la Constitución de Portugal a través de su artículo 35 establece los aspectos generales de la protección de datos personales y los derechos que les asisten a sus titulares. No es casual que haya sido la sociedad lusitana -tras los 40 años de dictadura de Oliveira Salazar- la que pusiera énfasis en este aspecto y señalara de manera taxativa que la informática “…no puede ser utilizada para el tratamiento de datos relativos a convicciones filosóficas o políticas, afiliación a partidos o sindicatos, confesión religiosa, vida privada y origen étnico, salvo con el consentimiento expreso del titular, autorización prevista por la ley con garantías de no discriminación o para procesamiento de datos estadísticos no identificables individualmente.” El último inciso del mismo artículo extiende estas prescripciones a las bases de datos que consten en ficheros manuales. Leer más de esta entrada

El Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Que la ley 1845 haya designado a la Defensoría del Pueblo como órgano de control de esta protección merece algunas consideraciones tanto institucionales como conceptuales antes de abocarme a describir el rol del Centro de Protección de Datos Personales en el ámbito de nuestra Ciudad…  

 

En el primero de los niveles podemos distinguir lo siguiente: mientras en el orden nacional la autoridad de aplicación de la ley que aborda la cuestión es una Dirección Nacional de un Ministerio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Buenos Aires reside en el órgano de control por excelencia que tiene autonomía funcional y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. En otras palabras: está por fuera de la esfera de los tres poderes convencionales en que se halla articulado el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Leer más de esta entrada