La protección de la intimidad en los casos de aborto no punible

Hace pocos días la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recomendó a un hospital público de la Ciudad se garantice la protección de los datos sensibles de los/as pacientes así como la realización de las prácticas médicas en los casos encuadrados en el art. 86 del Código Penal de la Nación. El caso, llevado en conjunto entre el Área de Salud y el Centro de Protección de Datos Personales de la Institución, desnuda dos problemas de entidad que están relacionados: la protección de la intimidad y el acceso a prácticas medicas.

Siguiendo ese eje fue que en octubre del año pasado se dio inicio de oficio a la Actuación N°4685/12 con el objeto de analizar los hechos de la difusión pública de información de una paciente, víctima de trata de personas, que debía someterse a un aborto no punible en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”. En este punto vale destacar que las declaraciones públicas, en principio, sólo refirieron la edad de la víctima, la práctica médica y el hospital pero ello fue suficiente para permitir identificar a la paciente e interrumpir el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Así pues el caso fue abordado en los términos del articulo 3 de la ley de protección de datos personales N° 1845 que los define como toda información: “referida a personas físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables”. La cuestión también se analizó tomando como eje la figura de los datos sensibles dado que toda información referente a la salud en considerada tal, y la obligación de guardar secreto médico.

En un primer acercamiento a los hechos se constató que los datos personales de la paciente no fueron protegidos por lo que, no sólo se vió interrumpida la práctica médica sino que también la paciente sufrió persecuciones tanto en su vivienda como en el mismo hospital. Nuevamente, aunque no se divulgó el nombre de la víctima, es claro que hubo una violación a su intimidad y, también, a su derecho a la salud, pues la misma fue perfectamente identificable. En efecto, ante el conocimiento público una organización no gubernamental denominada Pro Vida planteó una acción de amparo por la que los Tribunales que dispuso la suspensión de la práctica médica. De esta forma la paciente sólo pudo acceder a un aborto legal luego de atravesar un proceso judicial, haber sido difundida su privacidad y debatida su decisión personal. En esa oportunidad el Centro envió al Hospital General de Agudos “José Ramos Mejía”(2) un oficio recordándole la necesidad y la obligación legal de guardar estricta reserva respecto de las prácticas médicas para garantizar su realización en concordancia con lo establecido por la ley de protección de datos personales y la obligación de que los establecimientos sanitarios de la Ciudad y los profesionales que trabajan en ellos deben respetar los principios del secreto profesional para evitar una intromisión ilegítima de la esfera de la intimidad. A su vez la Ley Básica de Salud N°153 otorga esa garantía. En su artículo 4 inciso C, establece la obligación de guardar intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con todo proceso de salud-enfermedad. Asimismo el régimen legal de ejercicio de la medicina y disposiciones del Código Penal de la Nación establecen análoga obligación.
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