La Ciudad debe informar dónde están ubicadas las cámaras de seguridad

videovigilanciaEl juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Darío Reynoso, le dio 30 días de plazo a la administración de Mauricio Macri para dar a conocer esa información, según un fallo.

Además, le recordó que debe restablecer el mapa de cámaras públicas en la web oficial por constituir “publicidad calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada”.

La demanda fue interpuesta por el nieto de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología, Vigilancia y Sociedad, luego de que la Policía Metropolitana se negara a cumplir la Ley 2.602, que obliga al Gobierno a publicar la ubicación de las videocámaras en la Ciudad.

Las cámaras “son útiles dentro de un marco integral y planificado de políticas públicas de seguridad; si no es pura propaganda electoral”, explicó Andrés Pérez Esquivel en un comunicado.
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Denuncian que las cámaras de la policía Metropolitana violan la ley

camarasDos organismos de control de la ciudad de Buenos Aires emitieron informes que alertan que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no respeta la ley de protección de datos personales ni la ley que regula la videovigilancia en la ciudad. A su vez, el sociólogo Andrés Pérez Esquivel solicitó un recurso de amparo por la falta de información pública sobre la ubicación de las cámaras.

Andrés Pérez Esquivel trabaja como asesor en temas de seguridad ciudadana en la Legislatura de la ciudad. Constató que la web camaras.buenosaires.gob.ar a través de la cual el GCBA debe informar la ubicación de las cámaras de vigilancia estaba desactualizada. En junio presentó lo que en la jerga se llama “un 104”, un pedido de acceso a la información pública que se solicita a través de la ley 104 de la ciudad.  El GCBA le respondió que la información era “de carácter confidencial” y que no podía brindársela. Pocos días después, el gobierno dio de baja el sitio web, que hasta hoy está fuera de línea. El artículo 1 de la ley 3998 dice: “La autoridad de aplicación deberá publicar en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los puntos en los cuales se instalen videocámaras”.

Pérez Esquivel presentó una denuncia en la Defensoría del pueblo de la ciudad. A raíz de ese caso, el Centro de Protección de Datos Personales (CPDP) de la Defensoría emitió un dictamen en octubre pasado en el que recopila todas sus actuaciones relacionadas con la protección de datos personales en la implementación de las cámaras de vigilancia de la ciudad. Leer más de esta entrada

Cámaras de seguridad: ¿dónde están?

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El sociólogo y candidato a legislador porteño por Camino Popular, Andrés Pérez Esquivel, presentó ayer un amparo judicial contra el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño por negarle el acceso al listado de la ubicación de las 2000 cámaras de seguridad que la Policía Metropolitana tiene esparcidas en toda la ciudad, las cuales costaron hasta el momento 140 millones de pesos.

Pérez Esquivel destacó que ”junto a los casos de gatillo fácil y represión desmedida, debemos sumar el tema de las cámaras al abuso de poder policial. El responsable del centro de monitoreo fue incorporado por Jorge “Fino” Palacios en 2009, se trata de Eduardo Jorge Martino, ex comisario de la Federal pasado a disponibilidad en 2004″.

Resaltó además que “Macri, Montenegro y Martino se han negado a inscribir en la Defensoría del Pueblo la base de datos de las cámaras que nos filman todos los días, de acuerdo a lo que obliga la ley de protección de datos personales, y desoyendo los pedidos de la Defensoría y la Auditoría General de la Ciudad”.

Sumado a esto, el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría emitió el Dictamen N° 04.13, basado en una denuncia previa de Pérez Esquivel, en el que aclara que el organismo tampoco ha podido acceder al registro de las cámaras a pesar de sus reiteradas solicitudes y solicita al Ministerio que se atenga a la legalidad.

El sociólogo también denunció que el sitio web que tenía el gobierno: “No sólo tenía un 20% de las cámaras y no permitía ver la ubicación exacta, sino que ahora directamente lo han dado de baja en una clara violación a la Ley”.

Fuente: Diario Z – Enlace

España: la AEPD exige retirar 41 cámaras en parques y colegios #videovigilancia

AEPD-logoLa videovigilancia en Alicante, controlada en la ciudad por un total de 41 cámaras de seguridad, incumple la normativa vigente contra la protección de datos y la privacidad, según la Agencia Española de Protección de Datos. A esta conclusión llega el citado organismo en una resolución emitida en julio en la que insta al Ayuntamiento de Alicante a retirar las cámaras instaladas en tres parques públicos y dos colegios de la ciudad por atentar contra la privacidad del viandante y no tener permiso gubernamental.

La agencia entiende que se vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) al no contar ese tipo de cámaras con autorización del Gobierno –según la agencia el Ayuntamiento solamente ha aportado copia del permiso del Ministerio de Interior para la actividad de la empresa instaladora– y por su amplio radio de captación. La resolución solicita al Consistorio como titular de la videovigilancia que desinstale los equipos o que obtenga la autorización de la Subdelegación del Gobierno. Añade que las cámaras, en cualquier caso, deben estar orientadas hacia el punto a vigilar invadiendo lo mínimo posible la vía pública.

Las zonas afectadas son los parques de La Ereta, Lo Morant, El Palmeral, el Colegio Público Gloria Fuertes y el Colegio 54. Al sistema de vigilancias tienen acceso los miembros de la Policía Local –la resolución concreta que las imágenes se visualizan en un monitor «ubicado en un despacho»– así como la empresa encargada del mantenimiento, según contestó el Consistorio a requerimiento de la agencia. El Ayuntamiento explicó que las cámaras captan, no graban, aunque su intención es que en breve las imágenes queden registradas. Leer más de esta entrada

Sanción definitiva para la regulación de videovigilancia en Entre Ríos #videovigilancia

La Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto, que ya había sido aprobada en Diputados. La lay regula la instalación y utilización de sistemas de captación de imágenes en lugares públicos.

La iniciativa, que fue presentada por el diputado justicialista Diego Lara, es una de las primeras leyes impulsadas por legisladores que logra sanción en el presente período legislativo, en el cual la amplísima mayoría de las normas aprobadas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo.

El tratamiento sobre tablas del proyecto fue solicitado por el presidente del bloque justicialista y senador por Concordia, Enrique Cresto.

El proyecto aprobado indica que “la ley regula en la provincia la instalación y utilización de videocámaras y/o sistemas de captación de imágenes, para tomar y grabar imágenes en la vía pública, en lugares públicos o de acceso público y su posterior tratamiento, con el objeto de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza. Pero, debe hacerlo sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”.

El “tratamiento” de las imágenes comprende la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquéllas.

Se indica claramente que las cámaras, videocámaras y cualquier otro medio técnico análogo solo podrán utilizarse para el mantenimiento y preservación de la seguridad ciudadana y que en su uso deberá haber una razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de conformidad con la legislación vigente.

Entre otros aspectos, se señala que el tratamiento de imágenes de personas físicas obtenidas en lugares públicos será licito cuando los sistemas que se utilicen cuenten con la autorización previa de la autoridad de aplicación, y que toda la información obtenida tendrá carácter absolutamente confidencial y sólo podrá ser requerida por magistrados, fiscales o defensores, que investiguen causas contravencionales o penales.

No se podrán instalar ni utilizar videocámaras para captar imágenes del interior de propiedades privadas. Igualmente quedará prohibido registrar datos personales o sensibles en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad necesarias, publicó El Once.

También se prohíbe utilizar los mecanismos para a la obtención de imágenes que revelen el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual de las personas.

Fuente: EntreRios.com – enlace

Por una falla técnica miles de cámaras de seguridad hogareñas fueron observadas por Internet

Un hacker descubrió que miles de cámaras de seguridad hogareñas de la marca Trendnet podían ser observadas por Internet sin necesidad de tener una clave. Son unas cincuenta mil en todo el mundo, incluso en Argentina.

Se trata de cámaras de seguridad hogareñas, de esas que se compran para instalar en un maxikiosco, en la entrada de una casa o en su sistema de alarma interior, en el palier de un edificio, en el hall de una institución académica o incluso para cuidar a los bebés desde la distancia mientras duermen plácidamente en la pieza de al lado. 

A diferencia de los sistemas cerrados antiguos, estas cámaras están conectadas a Internet y, por lo tanto, tienen una “dirección” y se pueden “visitar”. Leer más de esta entrada

Publicación digital sobre Videovigilancia y Derecho a la Intimidad

El Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta la publicación digital “Videovigilancia y Derecho a la Intimidad”.

La misma condensa la normativa vigente en el país y precedentes administrativos locales y nacionales que existen en materia de videovigilancia.

En PDF: Videovigilancia y Derecho a la Intimidad

También puede obtenerse de la página del Centro en el siguiente enlace

Una rectificación saludable

El día 6 de setiembre, publicado en el Boletín Oficial el día 9 del mismo mes, el Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Guillermo Montenegro, emitió la Resolución N° 672/MJYSGC/11 instruyendo a las empresas de seguridad privada que se abstengan de instalar cámaras de videovigilancia en el interior de establecimientos educativos y/o cualquier otro donde pudieren resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad de niños, niñas y adolescentes.

Si bien la citada norma es el resultado inmediato de la audiencia llevada a cabo en el fuero contencioso-administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a un amparo presentado por un grupo de padres es de resaltar el ejercicio de reconsideración por parte del doctor Montenegro que, previo a esto, había demostrado la voluntad de avenirse en relación a recomendaciones formuladas por este Centro, en el marco de reuniones llevadas a cabo a instancias de la Defensora del Pueblo, y en las que también participaran el Área de Educación y la Oficina de Seguridad Urbana de nuestro organismo. Leer más de esta entrada

Cámaras de Seguridad: no se colocarán dentro de las escuelas

La Justicia porteña intimó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, a instruir a las empresas contratadas para instalar videocámaras de seguridad para que no coloquen esos equipos en el interior de las escuelas y que lo hagan de tal manera que “no afecten la intimidad de los niños, niñas y adolescentes”.

Ante los reclamos de padres y docentes, el gobierno ya había anunciado que las cámaras estarían afuera de los edificios escolares. Pero como ese compromiso no estaba por escrito ni expresado en los contratos, la jueza Elena Liberatori exigió que quede registrado en un “acto administrativo”, por escrito.

Liberatori adoptó la decisión al finalizar la audiencia pública a la que convocó en la causa iniciada a partir del reclamo de padres de alumnos ante la inminente instalación de cámaras de seguridad en escuelas porteñas. Las demandas habían sido rspaldadas por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y el Observatorio de Derechos Humanos. Ambas organizaciones expresaron su satisfacción por la medida judicial. “Es un gran avance que los ministros del gobierno de la Ciudad hayan puesto el derecho a la intimidad de los niños por sobre la seguridad de los bienes”, afirmó Eduardo López, secretario general de UTE. Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) destacó que la decisión judicial “pone freno a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo porteño”. Leer más de esta entrada