El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate la privacidad en la era digital: “algunos Estados violan la privacidad de sus ciudadanos”

onuEn el contexto del Consejo de Derechos Humanos, la ONU acusa a “algunos Estados” de violar la privacidad de sus ciudadanos.

La alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los derechos humanos, Flavia Pansieri, acusó este viernes a “algunos Estados” de contar “deliberadamente” con legislaciones laxas respecto al control de los medios digitales, una situación que permite la violación del derecho a la privacidad de sus ciudadanos. “Algunos Estados no tienen una legislación adecuada (respecto a los medios digitales); cuentan con salvaguardas débiles; y no controlan correctamente. Todo ello contribuye a que haya una amplia impunidad para poder interferir ilegalmente en el derecho a la privacidad de las personas”, afirmó Pansieri.

La alta comisionada adjunta fue la encargada de abrir una discusión en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre “el derecho a la privacidad en la era digital”. Pansieri recordó que durante esta sesión del Consejo, se presentará un informe elaborado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en el que se examinan las legislaciones nacionales e internacionales existentes, decisiones judiciales y las respuestas ofrecidas por los Estados, ONG, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos a un cuestionario elaborado por su oficina. Informe sobre las legislaciones nacionales e internacionales .

El informe fue solicitado el pasado diciembre por la Asamblea General de la ONU tras denunciar que se necesitan salvaguardas para evitar el abuso de los programas de vigilancia. El texto, titulado, precisamente, “El derecho a la privacidad en la era digital” alerta de que las prácticas abusivas “son un hábito más que una medida excepcional”, y que en la mayoría de los países hay una falta de legislación nacional que controle estos procesos. La falta de control de las prácticas llevadas a cabo por los Estados han contribuido a la impunidad y a intrusiones ilegales en el derecho de la privacidad. Pansieri alertó que cabe a los Estados demostrar que sus sistemas de vigilancia masiva no son ilegales y recordó que la privacidad es un derecho humano.

“Las prácticas de vigilancia pueden tener un impacto real en los derechos humanos de las personas, incluyendo el derecho a la privacidad, y sus derechos a la libertad de expresión, de opinión, a la asamblea, a la vida de familia y a la salud”. La alta comisionada adjunta asumió que, en ciertas ocasiones, es necesario vigilar digitalmente para ayudar a una investigación criminal o de inteligencia, pero en esos casos, advirtió, aún debe ser más fácil poder demostrar la legalidad de los procesos. Dicho esto, urgió a que se creen instituciones independientes de control para verificar que los países no infringen la ley. “La falta de control de las prácticas llevadas a cabo por los Estados han contribuido a la impunidad y a intrusiones ilegales en el derecho a la privacidad”.

Pansieri lamentó, asimismo, que se hayan usado sistemas de vigilancia digital para perseguir disidentes. “Información recolectada a través de sistemas ilegales ha sido usada contra disidentes”. Hay también informes creíbles que sugieren que las tecnologías digitales “han sido utilizadas para adquirir información que ha sido usada para torturar u otras formas de malos tratos”. Con respecto al sector privado, Pansieri advirtió que cualquier colaboración con las autoridades que “contravenga la ley sobre derechos humanos implica un riesgo de complicidad con los eventuales abusos cometidos”. Y recordó que la Guía de Principios sobre Negocios y Derechos Humanos establecida por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 marca las directrices y el estándar que todas las compañías deberían implementar.
Fuente: 20 Minuto – Enlace

La Plata: buscan monitorear las redes sociales

facevLa municipalidad platense usará las redes sociales para detectar la realización de fiestas y eventos en su jurisdicción, anunció el flamante subsecretario de Control Urbano, Gustavo Luzardo, en una movida que despertó suspicacias respecto de la posibilidad de que se invada la privacidad de los vecinos.

Luzardo, en el área desde fines de diciembre, aseguró que la idea no es “espiar ni meterse en la vida de la gente”, sino “asesorar” a los vecinos ante la posibilidad de que se organicen encuentros que no cumplan con las reglas establecidas.

Sin embargo, reconoció que entre los métodos que se utilizarían para acceder a esa información podría estar el de leer las publicaciones en Facebook de “amigos de amigos” de las personas que realicen el monitoreo.

Aunque Luzardo insistió en que no se interceptarán comunicaciones privadas, como mensajes directos entre usuarios de Internet, la idea recibió críticas. El anticipo del proyecto (aún no implementado) en un portal de noticias local generó comentarios de vecinos temerosos de un posible “espionaje” por parte del municipio. Leer más de esta entrada

Ocho grandes tecnológicas piden a Obama que cambie su política de vigilancia

obamaOcho grandes empresas tecnológicas, entre las que se encuentran Apple, Google y Microsoft, pidieron hoy al presidente de EE.UU, Barack Obama, y al Congreso, un cambio en su política de vigilancia digital para que sea “proporcionada a los riesgos, transparente y sujeta a supervisión independiente”.

Así lo expresaron en un carta conjunta difundida en la red y firmada por Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, Yahoo y AOL, a raíz de la filtración que el pasado junio realizó el exanalista de la CIA Edward Snowden, que reveló la existencia de programas secretos estadounidenses para recopilar datos telefónicos y digitales de los ciudadanos.

“Es tiempo de cambiar”, aseguran en la misiva, en la que también destacan que las revelaciones de este verano “resaltaron la necesidad urgente de reformar las prácticas de vigilancia de los gobiernos en todo el mundo”.

“La balanza en muchos países ha llegado demasiado lejos en favor del Estado y se ha separado de los derechos de las personas, derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Esto debilita las libertades que todos amamos”, añaden.

Asimismo, los firmantes explican que tratan de proteger la información de sus usuarios con “la última tecnología de encriptación para prevenir vigilancia no autorizada” y que frenan las peticiones del Gobierno para comprobar que son “legales y razonables”.

Por todo ello, “urgen” a Estados Unidos a liderar y hacer reformas que aseguren que los esfuerzos de vigilancia estén “claramente restringidos por la ley”.

Junto a la carta, siete de las empresas firmantes (todas excepto Apple) han lanzado un sitio web (reformgovernmentsurveillance.com) para extender estas reivindicaciones a los gobiernos de todo el mundo.

PIDEN LIMITAR LA AUTORIDAD DE LOS GOBIERNOS

En este sentido, piden que se limite la autoridad de los gobiernos para recopilar información de los usuarios, que rindan cuentas por ella, que las demandas de los gobiernos sean transparentes, que se respete el libre flujo de información y que se eviten conflictos entre Gobiernos.

“Estos principios reformarían el actual sistema para equilibrar adecuadamente las necesidades de seguridad y privacidad, al tiempo que salvaguardarían el derecho fundamental a la libertad de expresión”, señala el consejero delegado de Twitter, Dick Costolo.

Para el consejero delegado de Google, Larry Page, “la seguridad de la información de los usuarios es esencial, que es por lo que hemos invertido tanto en encriptación y luchado por que las peticiones de información de los Gobiernos sean transparentes”.

“La aparente recopilación de datos a gran escala, en secreto y sin supervisión independiente de muchos gobiernos en todo el mundo debilita la seguridad de los usuarios”, incide Page.

“Las informaciones sobre el espionaje del gobierno han demostrado que hay una necesidad real de una mayor divulgación de cómo el gobierno recaba información y de que tenga nuevos límites”, declara Mark Zuckerberg, consejero delegado y fundador de Facebook.

El vicepresidente ejecutivo de Microsoft, Brad Smith, apunta que “la gente no usará una tecnología en la que no confíe. Los gobiernos han puesto esta confianza en riesgo y tienen que ayudar a restaurarla”.

Fuente: La Nación – Enlace

Declaración conjunta de la ONU y la OEA sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión

Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de programas secretos de vigilancia destinados a la lucha contra el terrorismo y a la defensa de la seguridad nacional que podrían afectar de manera severa el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y el derecho a la intimidad de las personas, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA consideran necesario poner de presente una serie de principios jurídicos internacionales sobre la materia.

En los últimos días se ha conocido el alcance de algunos programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA – por sus siglas en inglés) sobre metadatos de comunicaciones telefónicas y contenido de informaciones digitales. Según la información disponible, dichos programas estarían amparados en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA – por sus siglas en inglés) y la Ley Patriota ( Patriot Act ), contarían con supervisión de una corte independiente que opera de manera reservada y estarían sometidos al control reservado de comités especiales del Congreso de los Estados Unidos. No obstante, como se menciona adelante, la información disponible sobre el alcance de estos programas pone de presente los riesgos que su implementación apareja para el derecho a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión de las personas, así como la necesidad de revisar la legislación correspondiente y de establecer mayores mecanismos de transparencia y discusión pública de dichas prácticas.

De la misma manera, según la información recogida en informes temáticos y de país de las relatorías especiales, autoridades de otros Estados americanos, amparados por leyes de inteligencia, o al margen de la regulación legal existente, habrían interceptado las comunicaciones de particulares, en muchos casos con criterios o finalidades políticas e, incluso, las habrían difundido masivamente, sin autorización de su titular, en medios de comunicación estatales. Los relatores especiales habrían conocido también de importantes avances en las investigaciones judiciales de algunos de estos casos de espionaje ilegal.

En este contexto, los relatores especiales reiteran su preocupación por la existencia de programas y prácticas de seguridad que puedan generar un perjuicio serio a los derechos a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión. En consecuencia, instan a las autoridades correspondientes a que revisen la legislación pertinente y modifiquen sus prácticas, con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos. A efectos de recordar su doctrina en esta área y asistir a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones legales internacionales correspondientes, los relatores especiales decidieron elaborar y difundir la presente Declaración Conjunta que contiene los principios básicos de derecho internacional que sirven para orientar el diseño e implementación de los programas de vigilancia destinados a la lucha contra el terrorismo y a la defensa de la seguridad nacional. Leer más de esta entrada

La policía de Gran Bretaña utiliza un nuevo sistema de vigilancia encubierta

Según el periódio El Guardian, la policía británica estaría operando con un sistema tecnológico de vigilancia encuvierta que podría enmascararse como una red de telefonía movil, transmitiendo una señal que permitiría a las autoridades apagar celulares en forma remota, interceptar comunicaciones y recolectar datos de miles de usuarios dentro de un área determinada.

El sistema de vigilancia fue adquirido por la Policía Metropolitana a una compañía, Leeds, que cuenta entre sus clientes al Servicio Secreto de los Estados Unidos, al Ministerio de Defensa y a algunos países del Medio Oriente. Estrictamente clasificado con el protocolo gubernamental “X”, el sistema puede emitir una señal en una área estimada de 10 kilómetros cuadrados, forzando a cientos de teléfonos celulares a descubrir sus códigos IMSI e IMEI, lo que permite realizar el seguimiento de la persona que lo posee en tiempo real.

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